El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha solicitado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) un informe detallado sobre las personas que, sin poseer la titulación académica superior requerida, han firmado pliegos de condiciones para la licitación de contratos públicos. Esta petición se enmarca dentro de la investigación que apunta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por su presunta implicación en delitos de intrusismo.
Según una providencia fechada el 2 de diciembre de 2023, a la que ha tenido acceso este medio, el juez Peinado ha indicado que el informe debe ser emitido «a la mayor brevedad posible». Este documento debe incluir la relación de personas involucradas en la firma de cualquier pliego de condiciones o prescripciones técnico-facultativas para la adjudicación de contratos públicos relacionados con servicios, suministros u obras.
Investigación sobre correos electrónicos
En un paso adicional en la investigación, el juez ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la revisión de un archivo USB proporcionado por Telefónica España. Este USB contiene correos electrónicos desde el 16 de julio de 2018, fecha en la que Cristina Álvarez fue designada asistente de Begoña Gómez. Los correos almacenados podrían revelar información relevante sobre la implicación de Gómez en el proceso de contratación.
Peinado ha indicado que los agentes deben «eliminar los datos de carácter personal de la investigada en el informe que realicen respecto de los correos que guarden relación con la causa». Esta medida se toma tras recibir la información de que a Telefónica «no le resulta técnicamente posible acceder» al contenido de los mensajes de WhatsApp y SMS intercambiados entre sus empleados y el número de la asistente.
El contexto del caso
La investigación que lleva a cabo el juez Peinado ha suscitado un gran interés mediático, dado el perfil de las personas involucradas. Begoña Gómez ha sido objeto de críticas por su participación en la firma de estos documentos, y el resultado de esta investigación podría tener repercusiones significativas en el ámbito político español. La transparencia y la legalidad en la contratación pública son temas de gran relevancia, y este caso podría abrir un debate más amplio sobre la adecuación de los procedimientos actuales.
A medida que avanza la investigación, se espera que la UCM responda a la solicitud del juez y que se clarifique la situación respecto a la firma de pliegos sin la titulación adecuada, un aspecto que podría tener implicaciones legales serias para los implicados.
