El juez Juan Carlos Peinado ha dado un paso significativo al decidir llevar a juicio con jurado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Esta decisión se enmarca en la investigación sobre la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa, en la que se indagan posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha notificado a Gómez, a su asesora y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que deberán comparecer en la sede judicial el 27 de septiembre de 2024, a las 18:00 horas, para la audiencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Durante esta comparecencia, las acusaciones podrán presentar los hechos y delitos que se les atribuyen.
Detenciones y testimonios en la investigación
Peinado ha decidido transformar las diligencias de investigación tras la toma de declaración de los implicados y de varios testigos, incluyendo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En este proceso, el juez ha subrayado que ni Gómez ni Álvarez respondieron a las preguntas formuladas durante una sesión de declaración el 10 de septiembre, lo que ha llevado a una interpretación negativa de su silencio.
El juez también ha resaltado que las respuestas de Gómez a su defensa no son suficientes para considerarlas exculpatorias. La información recopilada hasta el momento, incluyendo correos electrónicos del exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, sugiere la existencia de indicios sólidos de delitos relacionados con la contratación de Álvarez.
Contexto de la investigación y acusaciones
La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia presentada por la asociación Manos Limpias, que acusaba a Gómez de aprovechar su posición para recomendar a empresarios en licitaciones públicas. Desde entonces, el juez ha recibido nuevas querellas de Hazte Oír y Vox que amplían el espectro de irregularidades a investigar, incluyendo tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En el marco de este caso, la defensa de Gómez ha argumentado que las acciones realizadas en beneficio de su asesora no constituyen malversación, señalando que Álvarez desempeña funciones logísticas y organizativas, y que su relación con ella es de amistad. Sin embargo, la investigación continúa y se prevé que la Audiencia Provincial de Madrid resolverá varios recursos pendientes relacionados con este asunto en los próximos días.
A medida que avanza el proceso, la atención se centra en las implicaciones legales y políticas que este caso puede acarrear, no solo para Gómez, sino también para el Gobierno y sus instituciones.