El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que los españoles asumirán el sobrecoste del apagón en su factura eléctrica a partir de 2026, aumentando en más de un 10% la parte fija del recibo, que se paga independientemente del consumo. A pesar de los intentos del Ejecutivo por tranquilizar a la población, documentos oficiales confirman que tanto los cargos regulados como los peajes experimentarán un notable incremento.
La subida se fundamenta en dos pilares críticos, ambos influenciados por decisiones políticas y regulatorias. En primer lugar, los cargos del sistema, gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica, incrementarán entre un 10% y un 15%, dependiendo de la evolución de las previsiones de consumo eléctrico. Asimismo, los peajes, fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), también se elevarán un 4%, con el objetivo de financiar la ampliación y modernización de las redes de distribución.
Costes del sistema eléctrico y su impacto en los consumidores
Los cargos recaudados cubren gran parte de los costes estructurales del sistema eléctrico, incluyendo ayudas a ciertas tecnologías de generación, especialmente las renovables, y compensaciones a los sistemas extrapeninsulares. Para el año 2026, el Gobierno estima que el total de costes del sistema alcanzará los 8 510 millones de euros, mientras que los ingresos previstos solo cubrirán alrededor de 4 453 millones. Esto significa que un agujero superior a 4 057 millones será asumido directamente por los consumidores a través de sus recibos.
Este importe representa un aumento de casi el 15% respecto a los 3 526 millones que se están financiando este año. El Ejecutivo sostiene que, si el consumo eléctrico crece como se espera, la subida se suavizará hasta algo más del 10%. Sin embargo, este escenario depende de un aumento en la demanda, algo que el propio sector reconoce que es cada vez más complicado debido al estancamiento económico y la contención del consumo.
El Ministerio insiste en que la factura final podría incluso abaratarse entre un 4% y un 10%. Esta previsión se basa en los precios del mercado de futuros, que actualmente sitúan la energía en torno a 56,7 euros por megavatio hora para finales de 2025. El Gobierno argumenta que esta caída en el precio de la energía compensaría el aumento de los cargos regulados.
Incertidumbre en el mercado energético y contradicciones del Gobierno
No obstante, esta proyección se fundamenta en una hipótesis frágil: que no se produzcan alteraciones en el mercado mayorista, tensiones geopolíticas, problemas de suministro ni repuntes inesperados en la demanda. Cualquier variación al alza en el precio de referencia podría desestabilizar las previsiones oficiales, convirtiendo el recibo de 2026 en uno de los más costosos de los últimos años.
A este escenario se suma la incertidumbre sobre el actual “modo reforzado” del sistema eléctrico, un mecanismo excepcional que podría reactivarse con fuerza la próxima primavera, encareciendo aún más el funcionamiento de la red. También se debe considerar el tipo de contrato de cada consumidor, ya que quienes se encuentren en el mercado regulado notarán antes cualquier alteración, mientras que en el mercado libre dependerá de las condiciones pactadas con cada comercializadora.
En resumen, el mensaje del Ejecutivo es contradictorio: se reconoce que la parte fija del recibo aumentará, mientras que se promete una posible bajada basada en previsiones optimistas del mercado. Lo único seguro es que, independientemente de la evolución del precio de la energía, los españoles pagarán más simplemente por estar conectados a la red eléctrica, sin importar el nivel de consumo. Así, la factura de 2026 queda marcada por una carga adicional que surge de decisiones políticas y la necesidad de financiar déficits históricos del sistema, así como de una transición energética que, una vez más, se sufraga directamente desde los recibos de hogares, comercios e industrias.
