El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha alertado sobre la posibilidad de fallos adversos en dos arbitrajes internacionales que podrían costar al país hasta 171 millones de dólares. Esta situación se deriva de la transferencia de los fondos de pensiones a la Gestora Pública de Seguridad Social, un movimiento que ha generado disputas con empresas extranjeras tras la salida de Previsión AFP y Futuro de Bolivia en 2023.
Los arbitrajes están relacionados con la gestión de estos fondos tras el cambio en el modelo de administración privada que se mantuvo hasta mayo de 2023. Según el presidente, el país se encuentra “a punto de perder” ambos procesos, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera del Estado. De estos montos, 94 millones de dólares corresponden a una de las empresas, mientras que 77 millones de dólares a la otra.
Contexto de la reforma previsional
La administración del expresidente Luis Arce (2021–2025) llevó a cabo una reforma previsional significativa, que incluyó el traspaso de la gestión de los fondos de pensiones a la gestora estatal. Este cambio, considerado un hito por el anterior Gobierno, fue impulsado con el objetivo de mejorar la administración y asegurar la estabilidad de los recursos destinados a pensiones. Sin embargo, desde que se implementó esta medida, ambas compañías han reclamado compensaciones económicas al Estado, lo que ha conducido a la situación actual de doble arbitraje internacional.
Bolivia se enfrenta a un contexto complicado, marcado por la presión fiscal y la necesidad de certidumbre jurídica para atraer inversión extranjera. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) actualmente gestionan unos 23 500 millones de dólares, con más del 95% de estos fondos invertidos en títulos valores del sistema financiero y en instrumentos del Estado, según datos oficiales. Aunque esta estructura ha permitido cierta estabilidad, también ha incrementado la sensibilidad ante las controversias relacionadas con la administración de los recursos.
Un panorama de incertidumbre
La situación de Bolivia es representativa de un problema más amplio en la región, ya que el país se encuentra entre los que más procesos arbitrales abiertos tienen en materia de inversión en la última década. Las implicaciones de estos arbitrajes no solo afectan a la economía nacional, sino que también ponen de manifiesto desafíos en la gestión de las políticas públicas y en la confianza de los inversores.
El gobierno actual debe enfrentar estos desafíos con una gestión más eficiente y transparente para evitar que el país siga acumulando conflictos legales que amenacen su estabilidad económica. La resolución de estos arbitrajes será crucial no solo para salvaguardar los recursos de los bolivianos, sino también para garantizar un clima de inversión que favorezca el desarrollo a largo plazo de la nación.
