La formación política Compromís ha solicitado al Ayuntamiento de Alicante la realización de una auditoría sobre los efectos de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, argumentando que la situación del tráfico en el Casco Antiguo es un verdadero «caos». La petición surge en el contexto de las críticas hacia la ordenanza que regula esta zona, que según Compromís, carece de nuevas sanciones, en parte debido a la influencia de Vox.
La ZBE fue implementada con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la ciudad, pero las cifras de tráfico en el Casco Antiguo han provocado un creciente descontento entre los habitantes y comerciantes de la zona. Según los datos aportados por Compromís, el tránsito de vehículos ha aumentado desde la entrada en vigor de la normativa, generando una situación que consideran insostenible.
Críticas a la normativa vigente
Compromís sostiene que la falta de sanciones efectivas debilita la capacidad de la ZBE para cumplir con sus objetivos ambientales y de movilidad. La formación valencianista ha calificado la situación como una «estafa» a los ciudadanos, quienes esperaban una mejora tangible en la calidad de vida. Según su portavoz, la normativa debería incluir medidas más contundentes para desincentivar el uso del coche en el centro histórico de Alicante.
Las preocupaciones de Compromís se suman a las voces críticas de otros grupos políticos y ciudadanos que han señalado la necesidad de revisar la implementación de la ZBE. La situación ha llevado a un debate abierto sobre las prioridades del Ayuntamiento y la efectividad de las políticas de movilidad adoptadas en los últimos años.
La respuesta del Ayuntamiento
Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante ha defendido la ZBE como un paso necesario hacia una ciudad más sostenible. Aunque no se han anunciado cambios inmediatos en la normativa, las autoridades locales han afirmado que están abiertas a escuchar las preocupaciones de la ciudadanía y a considerar mejoras en la regulación del tráfico.
La polémica en torno a la Zona de Bajas Emisiones de Alicante continúa creciendo, y la demanda de Compromís por una auditoría podría provocar una reevaluación de las políticas de movilidad en la ciudad. La situación actual sirve como un recordatorio de los desafíos que enfrentan las administraciones locales al intentar equilibrar el desarrollo urbano sostenible con las necesidades de los habitantes.
