El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha respondido de manera contundente a las recientes declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien insinuó que Colombia produce cocaína y amenazó con posibles ataques. En un mensaje a través de la red social X, Petro invitó a Trump a visitar Colombia para que presenciara su lucha contra el narcotráfico, destacando que durante su gobierno se han destruido más de 18 400 laboratorios de cocaína.
La advertencia de Petro
Petro enfatizó que no tolerará amenazas a la soberanía del país, advirtiendo que tales acciones podrían equivaler a una declaración de guerra. Esta respuesta surge en un contexto de creciente tensión entre ambos países, donde la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en un tema candente. «Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU. Sin misiles he destruido en mi Gobierno 18 400 laboratorios», expresó Petro, quien enfatiza su compromiso con una política soberana en la lucha contra las drogas.
Las preocupaciones de Petro se centran en el trasfondo geopolítico de las amenazas de Trump, que, según el defensor de derechos humanos Wilfredo Cañizares, revelan un «sofisma de distracción». Cañizares sostiene que el gobierno de Petro no se ha subordinado a los intereses estadounidenses, lo que ha generado una reacción hostil desde Washington.
Implicaciones de las declaraciones
La postura del presidente Petro, que busca un enfoque más dialogante y soberano en el combate al narcotráfico, contrasta con la historia de intervenciones estadounidenses en la región. Cañizares destaca que, a lo largo de más de 150 años, los gobiernos colombianos han seguido las directrices de EE. UU. en cuestiones políticas, económicas y militares. Esta situación ha cambiado con el actual gobierno, que rechaza cualquier intervención militar en países vecinos como Venezuela.
Además, Petro ha entregado información a la embajada de EE. UU. sobre sus operaciones antidrogas, afirmando que su administración está desmantelando laboratorios a un ritmo de uno cada 40 minutos. Sin embargo, subraya que la mayoría de la cocaína que sale de Colombia lo hace a través de grandes contenedores en puertos marítimos, implicando a empresas transnacionales en el tráfico internacional.
Cañizares subraya que, a pesar de los esfuerzos de EE. UU., el problema del narcotráfico en el país no se resolverá sin un control interno adecuado. «Si quisieran acabarlo tendrían que controlarlo internamente», señala, aludiendo a la conexión entre el narcotráfico y las instituciones financieras estadounidenses.
La discusión sobre la intervención militar también se centra en el Plan Colombia, que ha sido objeto de críticas por su enfoque militarizado en la lucha contra las drogas. Según Cañizares, las bases militares en Colombia tienen otros objetivos más allá del narcotráfico, ya que forman parte de una estrategia de control del hemisferio occidental.
Con las elecciones presidenciales en el horizonte, la postura de Petro se enfrenta a un dilema. Cañizares advierte que un cambio de gobierno podría abrir la puerta a agresiones militares contra Venezuela y desatar persecuciones internas contra sectores opositores. En este contexto, el movimiento de derechos humanos apoya la defensa de la soberanía colombiana y denuncia las verdaderas intenciones detrás de la supuesta lucha contra las drogas.
En resumen, las tensiones entre Colombia y EE. UU. reflejan un complejo entramado de intereses geopolíticos que trascienden el narcotráfico, poniendo en riesgo la soberanía de la nación latinoamericana y su estabilidad política.
