La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a tres personas, entre ellas el consejero insular Juan Pedro Sánchez, de un caso de prevaricación urbanística relacionado con la construcción de una pista agrícola en El Hierro. La denuncia fue presentada por el consejero Luciano Eutimio Armas, del partido Nueva Canarias (NC), tras supuestas irregularidades en el proyecto que recibió financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias en 2015.
El fallo, notificado a las partes, establece que la actuación se realizó bajo un procedimiento administrativo válido y no se demostró la intencionalidad delictiva de los acusados. La Fiscalía había solicitado penas de tres años y seis meses de prisión, además de multas diarias de 15 euros durante 18 meses.
Detalles del Caso
Los hechos se remontan al inicio del programa de acondicionamiento de seis pistas agrícolas, cuyo objetivo era facilitar el acceso a explotaciones agrarias. Entre estos proyectos se encontraba la mejora de la pista Malnombre-La Ladera, utilizada por agricultores y vecinos. Durante la tramitación del expediente en el área de Agricultura, los informes técnicos fueron favorables, pero en 2018 un nuevo informe cuestionó la calificación de parte de la pista como vía de nuevo trazado, lo que provocó la denuncia ante la Fiscalía.
La Audiencia concluyó que el proyecto contaba con informes favorables del Ayuntamiento de Frontera y de los servicios técnicos del Cabildo, y que la pista se ajustaba a un trazado preexistente, lo que descartaba su consideración como nueva construcción contraria al planeamiento. Aunque se reconoció un posible conflicto de intereses del funcionario involucrado, no se acreditó que hubiera obtenido ningún beneficio personal.
Implicaciones del Fallo
El tribunal subraya que la falta de abstención del funcionario podría ser relevante a nivel administrativo, pero no constituye un delito penal. Asimismo, se dejan sin efecto las medidas de demolición o restitución del terreno, dado que la obra es legalizable conforme a la normativa del suelo rústico vigente. La sentencia recuerda que decisiones técnicas o administrativas discutibles no pueden equipararse a conductas arbitrarias o dolosas, afirmando que «la ilegalidad no siempre implica arbitrariedad».
Este fallo no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que añade un elemento de incertidumbre a la situación legal de los implicados en un caso que ha captado la atención pública por las acusaciones de irregularidades en la gestión de recursos públicos.
