La Comunidad de Madrid ha recibido a trece menores migrantes no acompañados que llegaron desde Canarias y Ceuta, en virtud del real decreto que regula su reubicación ante situaciones de presión migratoria. Así lo ha confirmado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante una rueda de prensa celebrada con periodistas.
La consejera ha subrayado que la administración madrileña ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional por el real decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo de 2025, que modifica la Ley de Extranjería y establece criterios para el reparto de menores extranjeros no acompañados. Además, se ha impugnado ante el Tribunal Supremo dos decretos que desarrollan esta normativa.
Según Dávila, el Gobierno regional ha iniciado un total de 124 expedientes para el traslado de menores migrantes no acompañados a Madrid, de los cuales aproximadamente el 30% han sido desestimados por no cumplir «las circunstancias mínimas para hacer el traslado». La consejera ha aclarado que estos expedientes desestimados eran de «mayores de edad» o de chicos que ya tenían un arraigo, además de algunos que provenían de otras comunidades autónomas.
Controversia sobre el decreto de reparto
Ana Dávila ha rechazado la aplicación de este decreto ley de «repartos forzosos», argumentando que no se ha tenido en cuenta la situación de las comunidades autónomas que cuentan con centros «sobresaturados y colapsados». En muchos casos, ha añadido, «ni siquiera se han considerado las circunstancias del menor».
La administración de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Gobierno la repatriación de 56 menores migrantes no acompañados que presentan «dificultades amplias y variadas» para su adaptación. Tras haberse constatado técnicamente la «imposibilidad» de integración, ha explicado Dávila, se considera la reagrupación familiar como la alternativa más viable.
La consejera ha indicado que estas peticiones han sido trasladadas a la Delegación del Gobierno, la administración competente en esta materia, y ha lamentado que, hasta el momento, la respuesta ha sido «ninguna». La situación se torna complicada en un contexto en el que la presión migratoria sigue aumentando y las comunidades autónomas luchan por gestionar la llegada de menores migrantes de manera adecuada.
Este traslado de menores refleja la complejidad de la situación migratoria en España y pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más coordinado entre las administraciones para garantizar el bienestar de los menores. Las reacciones a esta medida no se han hecho esperar, y se espera que la controversia continúe en los próximos días.
