Un funcionario de la prisión Sevilla II fue víctima de una brutal agresión el pasado 1 de agosto de 2023 a manos de un interno con un amplio historial delictivo. Los hechos ocurrieron en el módulo 14, destinado a internos con trastornos mentales, conocido como PAIEM, cuando el trabajador se encontraba conversando con otros reclusos. El agresor, identificado como R.F.R., se acercó al funcionario por la espalda, lo rodeó con ambos brazos por el cuello e intentó estrangularlo mientras profería amenazas de muerte.
La intervención rápida de otros funcionarios evitó que la situación terminara en tragedia. El empleado penitenciario tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario debido a las lesiones sufridas, que incluían daños en la zona cervical, dorsal y lumbar, además de irritación en la garganta, compatibles con un intento de estrangulamiento. Este alarmante incidente pone de manifiesto la creciente preocupación sobre la seguridad en las instituciones penitenciarias.
Advertencias ignoradas sobre la peligrosidad del interno
Según documentación interna, existía una orden de la Subdirección de Seguridad que advertía sobre la peligrosidad del recluso y recomendaba evitar el contacto directo con los funcionarios. A pesar de estas advertencias, R.F.R. continuaba en un módulo PAIEM, donde la atención se brinda generalmente por un solo funcionario. Esta situación ha sido denunciada por el sindicato ACAIP, que afirma que este episodio evidencia la desprotección que sufre el colectivo penitenciario.
Desde ACAIP, el sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario en la provincia de Sevilla, se ha expresado con firmeza, señalando que «la ubicación de internos peligrosos en módulos especiales como el PAIEM, sin reforzar los medios humanos ni establecer protocolos claros, supone un riesgo inasumible para los trabajadores». El sindicato ha instado a las autoridades a tomar medidas urgentes para abordar esta creciente ola de violencia en las prisiones españolas.
Un historial delictivo que inquieta
R.F.R. no es un interno cualquiera; su condena fue uno de los primeros casos que cuestionaron la Ley del Menor en España. En mayo de 2000, con tan solo 17 años, apuñaló en siete ocasiones a un hombre que le había llamado la atención por su comportamiento hacia una mujer. Este crimen ocurrió mientras cumplía condena en un centro de menores por otros delitos y, en ese momento, estaba de permiso. La brutalidad del ataque y su intento posterior de manipular su estado mental generaron una gran conmoción social.
Este incidente no es un caso aislado. El 8 de julio de este mismo año, una psicóloga del centro sufrió una agresión sexual por parte de otro interno mal clasificado, lo que ha llevado a ACAIP a insistir en que la mala clasificación de los internos sigue poniendo en riesgo a los trabajadores del centro. El sindicato ha reclamado una revisión inmediata del sistema de clasificación y la ubicación de internos peligrosos.
En su comunicado, ACAIP ha demandado un nuevo protocolo de agresiones que incluya medidas preventivas y apoyo institucional real para el personal agredido, además de solicitar el reconocimiento del personal penitenciario como agentes de la autoridad. «La dirección del centro debe asumir responsabilidades. No podemos seguir gestionando con criterios que priorizan los indicadores estadísticos por encima de la seguridad real del personal», concluyen desde ACAIP, reiterando la necesidad de adoptar medidas efectivas para evitar nuevas agresiones en el futuro.
