Este sábado, las calles de Madrid se llenaron de abogados, procuradores e ingenieros que, en un acto de protesta, reclamaron el reconocimiento de sus aportaciones a las mutualidades profesionales. La manifestación, que reunió a miles de mutualistas alternativos, pone de relieve un malestar que ha crecido en silencio, sin recibir la atención adecuada por parte de los medios y las autoridades.
Los participantes, alrededor de 60.000 profesionales en toda España, alzan la voz ante lo que consideran un agravio histórico: las contribuciones realizadas durante décadas a las mutualidades no se reconocen plenamente en el sistema público de pensiones. Esto ha resultado en jubilaciones indignas, con pensiones que, en muchos casos, no alcanzan los 400 euros mensuales.
Reclamo de justicia social
Bajo el lema “Pasarela 1×1 para todos”, la protesta es más que una marcha reivindicativa; es una exigencia de justicia social. Los cánticos dirigidos al PSOE, al Pacto de Toledo y a la ministra Elma Saiz buscan visibilizar la urgencia de una solución, revelando las historias de vida de quienes sienten que el Estado les ha dejado atrás tras años de dedicación a la sostenibilidad del sistema jurídico, técnico y social del país.
El PSOE presentó el año pasado una proposición de ley para articular una pasarela que permitiese trasladar las aportaciones de las mutualidades a la Seguridad Social. Aunque la iniciativa superó el primer trámite parlamentario, se ha atascado en discusiones técnicas y enmiendas, dejando a los mutualistas en un limbo de incertidumbre respecto a su futuro.
Un sistema que excluye
Uno de los principales puntos de controversia es la limitación temporal de la propuesta: solo quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de enero de 2013 podrán beneficiarse de la pasarela. Esto excluye a miles de afectados y a aquellos con más de 15 años cotizados en el régimen general, lo que según los manifestantes convierte la medida en un parche insuficiente y alejado del principio de equidad.
El debate sobre las mutualidades trasciende lo técnico, convirtiéndose en una cuestión de confianza en el Estado. Muchos de los profesionales que optaron por estas alternativas lo hicieron porque era lo que la normativa les indicaba, sin que su elección fuese completamente libre. Ahora, se ven obligados a cargar con las consecuencias de una decisión que les amenaza con condenarlos a la precariedad en su vejez.
La «alternatividad», es decir, la opción de elegir entre mutualidad o Seguridad Social, se encuentra en el centro de esta discusión. La propuesta de ley actual plantea su desaparición a partir de 2027; sin embargo, el PP y parte de los mutualistas abogan por mantenerla y establecer un “mecanismo inverso” que permita trasladar cotizaciones del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) a la mutualidad. En cambio, Sumar pide acelerar el fin de este sistema híbrido.
Las prestaciones de las mutualidades no podrán ser inferiores al 80% de las pensiones no contributivas, pero los colectivos exigen que se alcance el 100%. La diferencia entre estos porcentajes impacta directamente en la calidad de vida de miles de jubilados, quienes dependen de esto para cubrir sus necesidades básicas.
La manifestación en Madrid ha dejado claro que los mutualistas no piensan rendirse. La presión en la calle busca acelerar un proceso legislativo que se prolonga en el tiempo y que, de no resolverse, podría convertirse en una bomba social silenciosa. Las cifras y los artículos legales detrás de esta lucha representan a personas que, tras una vida de trabajo, enfrentan el miedo a la pobreza en la jubilación.
La pregunta que resuena en la sociedad es clara: ¿puede un país que presume de Estado del bienestar abandonar a decenas de miles de profesionales en la etapa final de sus vidas? La respuesta debe ser contundente, ya que la pasarela al RETA no es un privilegio, sino un derecho que aún está por consolidarse.
