El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado la decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que a finales de 2024 instó a la plataforma Airbnb a eliminar miles de anuncios de pisos turísticos que operaban sin las licencias necesarias. Esta es la segunda vez que el TSJM se pronuncia a favor de las resoluciones de Consumo, que se han visto enmarcadas en un esfuerzo por regular el sector del alquiler turístico en España.
Concretamente, el tribunal ha avalado las medidas cautelares dictadas por el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, que ordenaron la retirada de un total de 34.728 anuncios. Airbnb había recurrido esta decisión, pero el TSJM ha denegado el recurso, reafirmando su postura, tal como hizo anteriormente en mayo con un primer recurso presentado por la misma empresa.
Justificación de la ilegalidad de los anuncios
El Ministerio de Consumo ha argumentado que la ilegalidad de estos anuncios radica en tres razones clave. En primer lugar, la falta de información sobre el número de licencia o registro es una infracción común en la publicidad de alojamientos turísticos, tal y como establece la normativa autonómica. En segundo lugar, algunos anuncios presentaban números de licencia que no correspondían a los emitidos por las autoridades, lo que puede inducir a error a los consumidores. Por último, la ausencia de claridad sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, si son profesionales o particulares, es esencial para garantizar la protección de los derechos del consumidor.
Desde la Dirección General de Consumo también se han abierto expedientes sancionadores en diciembre de 2024, tanto contra grandes gestoras de pisos turísticos por prácticas engañosas como contra agencias inmobiliarias por posibles abusos en la gestión del alquiler. Estas acciones se enmarcan dentro de la política del Gobierno para abordar la crisis de vivienda que afecta a numerosas familias en el país.
Compromiso del Gobierno con la regulación del alquiler
Pablo Bustinduy ha subrayado en varias ocasiones que la crisis de vivienda es uno de los problemas más acuciantes en España. “Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, ha declarado. El ministro ha enfatizado que “ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley”, reafirmando el compromiso del Gobierno con la regulación y protección de los derechos de los consumidores.
Como resultado de estas resoluciones, Airbnb retiró un total de 65.000 anuncios en julio, en cumplimiento de las directrices de Consumo. A medida que avanza la regulación del sector, se espera que estas medidas contribuyan a un mercado más justo y transparente para los arrendadores y arrendatarios en el ámbito del alquiler turístico.
