Los incendios forestales que están devastando diversas regiones de España, particularmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura, no son simplemente el resultado de altas temperaturas o un aumento de la piromanía. Estos desastres son el reflejo de una gestión forestal deficiente, un modelo que precariza los servicios públicos de prevención y extinción, y una narrativa diseñada para diluir la responsabilidad institucional. En un contexto de emergencia climática, el lenguaje se convierte en una herramienta política, mientras las comunidades afectadas claman por ayuda y se enfrentan a las llamas sin los recursos necesarios.
La idealización de la autodefensa vecinal
En el discurso político, especialmente en comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP), se repite la consigna «el pueblo salva al pueblo». Esta frase, presentada como un elogio a la solidaridad, oculta un problema estructural: cuando los ciudadanos deben asumir la responsabilidad de su propia seguridad, se evidencia que las instituciones no están cumpliendo con su función. Esta idealización de la autodefensa civil no solo normaliza la ausencia del Estado, sino que también legitima la desinversión pública y transforma la precariedad en virtud.
La solidaridad popular, aunque valiosa, no puede sustituir a un servicio público bien financiado y coordinado. Cuando los bomberos llegan tarde o no llegan, cuando las motobombas están inactivas por falta de personal, y cuando los turnos no se cubren, estamos ante un modelo forestal fallido, sostenido por gobiernos que priorizan criterios presupuestarios o clientelistas sobre el interés general.
Manipulación del lenguaje y falta de transparencia
La estrategia comunicativa utilizada por dirigentes autonómicos incluye una manipulación del lenguaje técnico. La utilización de términos como «focos simultáneos», «incendios intencionados» y «acciones coordinadas» parece más apropiada para un parte de guerra que para una rueda de prensa institucional. Este enfoque busca crear la impresión de un enemigo invisible, casi terrorista, al que no se puede controlar. Sin embargo, las respuestas sobre la causa de estos incendios son escasas, y las insinuaciones de piromanía se multiplican sin fundamento.
Afirmar que hay «incendios provocados» sin diferenciar entre actos criminales y negligencia estructural es, en esencia, una forma de propaganda política. Este discurso no solo desvirtúa la gravedad de la situación, sino que también culpa a los individuos mientras exime a las instituciones de su responsabilidad. La falta de transparencia y la manipulación del lenguaje contribuyen a desviar la atención de la necesidad urgente de una inversión real en políticas de prevención y gestión forestal.
La situación actual requiere una reflexión profunda sobre el modelo de gestión forestal en España, donde la intervención del Estado no puede ser sustituida por la solidaridad espontánea de la ciudadanía. La lucha contra los incendios forestales debe ser abordada con un enfoque integral que garantice la seguridad y protección de las comunidades afectadas y que, sobre todo, asuma la responsabilidad que corresponde a las instituciones.
