El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha rechazado abrir una investigación interna sobre la explotación irregular de patrimonio público por parte de la familia de Begoña Gómez. Los inmuebles, de propiedad de Muface, organismo que depende de su ministerio, habrían sido utilizados como burdeles en el centro de Madrid, lo que ha desatado un nuevo escándalo político que afecta al entorno del presidente Pedro Sánchez.
Según informes de El Debate, López, quien fue jefe de Gabinete de Sánchez, no ha aclarado el origen de los alquileres a precios muy por debajo del mercado. En los inmuebles alquilados se habrían desarrollado actividades relacionadas con la prostitución, sin que el Estado interviniera para impedir estas prácticas. En declaraciones recientes, el ministro se limitó a afirmar que «confía en su partido» y no ha confirmado si el caso será remitido a la Fiscalía, lo que ha suscitado críticas de la oposición por su doble vara de medir.
Irregularidades en el alquiler de propiedades públicas
Documentos oficiales accesibles a El Debate revelan que Muface alquiló varios inmuebles a la familia Gómez a precios muy inferiores a los del mercado. Entre estos destaca un ático de 139 m² en la calle San Bernardo, donde se encontraba la sauna «Adán», actualmente cerrada. Los contratos de alquiler prohibían expresamente la realización de obras o subarrendamientos sin autorización, condiciones que, según las evidencias, fueron sistemáticamente incumplidas.
En un intento de esclarecer la situación, El Debate contactó con el Ayuntamiento de Madrid, que derivó la consulta a la Concejalía de Urbanismo. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido confirmación sobre si se solicitaron licencias de reforma o actividad en algún momento. Por otro lado, Muface ha mantenido un silencio absoluto, sin confirmar si los arrendatarios pidieron permiso para subdividir las viviendas o alquilarlas con fines distintos.
Gravedad del caso y posibles implicaciones legales
Más allá de las irregularidades patrimoniales, fuentes jurídicas citadas por El Debate advierten que el silencio de Muface y del ministerio podría constituir una vulneración de sus obligaciones legales en materia de supervisión de bienes públicos. Este caso adquiere mayor gravedad al relacionarse con los audios del caso Koldo y las acusaciones de conducta sexual inapropiada que han surgido en el seno del PSOE. Las denuncias contra Paco Salazar, por ejemplo, han evidenciado una cultura de impunidad en el partido, tal y como reconoció Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad.
Sorprendentemente, El Debate también publicó que Óscar López había intentado en 2016 utilizar las grabaciones de las saunas en su favor, con la intención de debilitar la posición de Pedro Sánchez cuando este dimitió como secretario general. En aquella ocasión, López se reunió con el excomisario Villarejo en un restaurante cercano al Senado, buscando acceso a ese material.
La red de silencios y omisiones en torno a este escándalo ha llevado a los servicios jurídicos de El Debate a elevar el asunto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Hasta el momento, ni el Ministerio de Transformación Digital ni Muface han aclarado si se ha llevado a cabo alguna auditoría interna o si se han tomado medidas para recuperar el control de los inmuebles involucrados en este escándalo.
