A Mesa pola Normalización Lingüística ha denunciado que la empresa Taprega Prevención de Riesgos Laborales intenta cobrar a sus clientes por emitir documentos en gallego, estableciendo un precio de nueve céntimos por palabra. Esta situación fue revelada por un cliente que solicitó la traducción del papeleo, lo que llevó a la organización a exigir que se ofrezcan estos textos en gallego «sin coste adicional».
En su comunicado, A Mesa explicó que, tras conocer estos hechos, contactó con la empresa para solicitar una revisión de su política. Sin embargo, la respuesta de Taprega fue que «cumple con sus obligaciones legales entregando toda la documentación requerida en castellano». La empresa argumentó que «la traducción integral de documentación técnica supone un servicio adicional que, en la actualidad, no es obligatorio por ley ni está incluido en las condiciones estándar de los contratos».
Derechos lingüísticos en Galicia
La directora del Observatorio de Derechos Lingüísticos, Elsa Quintas, ha insistido en que las empresas que ofrecen servicios en Galicia están «obligadas» a respetar los derechos lingüísticos de la ciudadanía gallega. Quintas afirmó que «los consumidores tienen derecho a usar cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad, siempre y cuando la contratación se realice o su consentimiento se manifieste en el territorio de la Comunidad».
Este tipo de situaciones resalta un problema más amplio relacionado con la normalización del gallego en el ámbito empresarial. Aunque la legislación actual no obliga a las empresas a proporcionar documentación en gallego, la creciente demanda por la protección de los derechos lingüísticos está impulsando un cambio en la percepción pública y empresarial sobre el uso del idioma.
La denuncia de A Mesa no solo pone de relieve un caso específico, sino que también abre un debate sobre la necesidad de asegurar que los derechos lingüísticos de los ciudadanos sean respetados en todos los ámbitos. La situación actual podría ser el catalizador para una revisión más profunda de las políticas lingüísticas en Galicia, con el fin de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios en su lengua materna.
