El concejal de Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Aranjuez, Esteban Fernández (Vox), ha desatado una polémica tras publicar un vídeo en el que critica las políticas de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Madrid mientras conduce su vehículo. En la grabación, compartida en la red social X (anteriormente Twitter), Fernández advierte que, a partir del 1 de enero, muchos conductores se verán obligados a adquirir un coche nuevo para poder circular sin restricciones.
“El Partido Popular de Almeida, que durante la campaña prometió analizar la ZBE, ha decidido que tu coche, con el que vas a trabajar o llevas a tus hijos al colegio, ya no vale”, expone el concejal. Según sus declaraciones, quienes no cuenten con un vehículo que tenga etiqueta ambiental deberán “preparar entre 20 000 y 30 000 euros para comprar uno nuevo”.
Controversia por la seguridad vial
El contenido del vídeo ha suscitado críticas no solo por su mensaje político, sino también por el hecho de que fue grabado mientras el concejal conducía. Las normas de la Dirección General de Tráfico (DGT) regulan de manera estricta el uso de dispositivos móviles y cámaras al volante. Aunque grabar no es ilegal si se hace de forma adecuada, la DGT impone sanciones si la manipulación del dispositivo interfiere con la conducción o la visibilidad.
La normativa establece que si la colocación de la cámara obstruye el campo de visión del conductor, puede resultar en una multa de 80 euros. Además, interactuar con la cámara mientras el vehículo está en movimiento podría acarrear una sanción de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carnet. En el caso de los teléfonos móviles, la regulación es aún más severa: sujetar el móvil mientras se conduce se penaliza con 200 euros y seis puntos, mientras que manipularlo sin un soporte adecuado puede resultar en multas de hasta 500 euros.
Además, la difusión de imágenes que puedan identificar a personas o matrículas puede acarrear multas de hasta 1 500 euros por vulnerar la Ley de Protección de Datos.
La postura de Vox ante las nuevas restricciones
Mientras tanto, Vox ha mantenido el debate ambiental como uno de sus principales argumentos políticos. En una intervención reciente, Millan recordó el caso de Madrid, donde Almeida prometió derogar Madrid Central y terminó ampliándolo. También advirtió que la futura Ley de Movilidad Sostenible impondrá nuevas obligaciones a las empresas, lo que, según el partido, incrementará los costes para las compañías.
La formación política ha anunciado su intención de presentar un veto en el Senado contra dicha ley, tras haber conseguido anular recientemente la ZBE de Valencia. Para Vox, estas medidas benefician solo a una minoría y afectan negativamente a los ciudadanos más humildes y a la industria nacional. El partido ha afirmado que no apoyará “ni multas ni más restricciones a la libertad de circulación”, responsabilizando estas acciones del impacto negativo en la economía local y en los pequeños negocios.
