El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de León ha dictado una sentencia que exime a un paciente con VIH de pagar una factura hospitalaria de 4 805,21 euros. Esta decisión responde a la situación de vulnerabilidad social del afectado y a las dificultades que enfrentó para acceder a la asistencia sanitaria en El Bierzo.
La resolución, emitida el 10 de octubre de 2025, ha sido celebrada por la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida), que ha destacado la importancia de la protección del derecho a la salud frente a obstáculos administrativos, especialmente en situaciones de urgencia médica. Según el fallo, el paciente llegó a España el 19 de octubre de 2024 y se empadronó en Ponferrada cuatro días después, iniciando su proceso para regularizar su acceso a la sanidad a través de la Asociación Caracol.
Obstáculos administrativos y deterioro de la salud
A pesar de sus esfuerzos, el afectado no pudo acceder a la Atención Primaria debido a «trabas» administrativas, lo que resultó en un empeoramiento de su estado de salud y la necesidad de atención de urgencia. La sentencia subraya que esta situación revela «disfunciones del propio sistema», que falló en proporcionar un acceso adecuado a una persona con una patología crónica grave.
La resolución judicial también critica a la Administración por minimizar la gravedad del cuadro clínico del paciente, desvinculando su estado de salud de su diagnóstico de VIH. «Un absceso que requiere drenaje quirúrgico en un paciente con VIH, cuya terapia ha sido interrumpida, no es una dolencia menor», se indica en el texto. Esto destaca la relación directa entre la inmunosupresión causada por el VIH no tratado y la aparición de infecciones severas.
Un precedente en la atención sanitaria
La sentencia es firme y no admite recurso de apelación, reconociendo el derecho a la gratuidad de la asistencia sanitaria recibida. Además, impone las costas procesales a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, perteneciente a la Junta de Castilla y León. Raquel Rodríguez, educadora social en la Asociación Caracol, ha expresado que este caso pone de relieve cómo las barreras administrativas pueden comprometer la salud de personas en grave vulnerabilidad.
Oliver Marcos, secretario general de Cesida, ha manifestado que muchas personas migrantes enfrentan obstáculos para acceder al sistema sanitario. Asegura que la protección de la salud como derecho fundamental debe ser un pilar esencial para garantizar el tratamiento antirretroviral a quienes viven con VIH. Sin embargo, en Castilla y León ya se han documentado varios casos donde a personas migrantes se les ha negado el acceso a tratamientos por razones administrativas.
A pesar de las reuniones mantenidas por entidades comunitarias con la dirección de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, aún no se ha encontrado una solución a estas problemáticas, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar los procedimientos administrativos para asegurar el acceso equitativo a la atención sanitaria.
