Durante el presente año, los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en Barcelona han enfrentado una situación crítica, con un total de 1 779 coches inmovilizados y más de siete millones de euros en multas. Estas sanciones se deben, en su mayoría, a la falta del preceptivo doble permiso que les permite operar en el área metropolitana de la ciudad.
La mayoría de estos vehículos captan clientes a través de aplicaciones como Uber, Bolt y Cabify. Este escenario se enmarca en un contexto más amplio de conflicto entre los taxistas tradicionales y las nuevas tecnologías de movilidad, con un reciente giro que ha llevado a Unauto VTC Catalunya a elevar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que cuestiona la legalidad de este régimen sancionador.
La denuncia ante el TEDH
La patronal del sector VTC ha indicado que la admisión de esta denuncia por parte del TEDH es un paso significativo. Históricamente, este tribunal no suele dar curso a reclamaciones de este tipo, y una posible condena podría abrir la puerta no solo a la devolución de las multas, sino también a indemnizaciones sustanciales para los afectados.
Según Unauto, la serie de inmovilizaciones y sanciones impuestas refleja una persecución institucional que carece de fundamento jurídico, dado que varias sentencias recientes han puesto en entredicho los requisitos establecidos para la obtención de estos permisos urbanos. En este sentido, la patronal ha solicitado reunirse con Laia Bonet, primera teniente de alcalde de Barcelona y presidenta del Institut Metropolità del Taxi (Imet), para abordar estas cuestiones críticas.
Reacciones y estrategias en el sector
Los propietarios de licencias de VTC han acusado a las administraciones catalanas de sucumbir ante los intereses de la competencia, en particular de Alberto Álvarez, conocido como Tito, fundador de Élite Taxi. Esta organización ha exigido el «fin inmediato de las inmovilizaciones automáticas» y una revisión urgente del marco sancionador.
En respuesta a esta situación, Élite Taxi ha cambiado su estrategia. Mañana planean repartir miles de pasquines en las cercanías del estadio Lluís Companys para informar a los socios del FC Barcelona sobre cómo Uber utiliza la imagen del club para mejorar su reputación. Tito ha señalado que las multas de este año han triplicado las del año anterior, con un total de 566 inmovilizaciones en 2023 y 853 en 2024.
Además, Tito ha enfatizado que la actual situación es insostenible y que «si no se tomaran a pitorreo las normas e instituciones de este país, no les multarían tanto». La tensión entre los diferentes actores del sector se mantiene alta, y la incertidumbre sobre el futuro de las operaciones VTC en Barcelona continúa presente.
Con movimientos planeados y una creciente presión, el futuro de la regulación de los VTC en Barcelona está en juego, y tanto las patronales como las instituciones deberán encontrar un equilibrio que permita la coexistencia de todos los servicios de transporte.
