Los vecinos de Santa Cruz de Tenerife han decidido dar un paso judicial en su lucha por recuperar el acceso a sus viviendas, exigiendo el desmantelamiento de la Zona Urban y la eliminación del carril bici. La Asociación El Perenquén, junto con el abogado Felipe Campos, ha presentado acciones legales contra el Ayuntamiento, reclamando, entre otras cosas, la recuperación de cerca de 2 millones de euros destinados a la Red Ciclable.
Este conflicto surge tras la ejecución del Plan Urban a finales de los años 90, que buscaba peatonalizar varias calles del casco histórico de la capital tinerfeña. La Zona Urban, delimitada por jardineras y pilonas gestionadas por una empresa privada, ha sido objeto de quejas por parte de los residentes, quienes han denunciado el «aislamiento» que sufren en situaciones de emergencia, ya que los vehículos de los bomberos y otros servicios de urgencia no pueden acceder a la zona.
Demandas y justificaciones legales
La presidenta de la asociación, Sylvia Barrera, ha expresado su frustración, afirmando: «Estamos cansados de que una empresa decida cuándo un vecino puede acceder a su hogar». Por su parte, Felipe Campos ha indicado que el Ayuntamiento creó la Zona Urban sin una ordenanza que la regulara adecuadamente. «Con la norma de Movilidad que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado, el Ayuntamiento intentaba regularizar esta situación, pero dado que esto no será posible, exigiremos su desmantelamiento», afirmó el abogado.
Además, Campos insiste en que el Consistorio debe recuperar el dinero gastado en la Red Ciclable, resolviendo el contrato firmado con la empresa que llevó a cabo las obras. Esta situación se da en un contexto en el que el Ayuntamiento también enfrenta un recurso judicial relacionado con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que sigue su curso.
Antecedentes judiciales
En marzo de 2024, el TSJC anuló la nueva Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz, que había entrado en vigor el 9 de febrero de 2024. La anulación se fundamentó en la falta de una memoria de análisis de impacto normativo, que limitaba las libertades de los ciudadanos. Tras esta anulación, la asociación solicitó la ejecución provisional de la sentencia, pidiendo la suspensión de las obras de la Red Ciclable en el centro de la ciudad.
El TSJC atendió la petición de los vecinos, lo que llevó al Ayuntamiento a detener las obras del carril bici. Sin embargo, el Gobierno local, compuesto por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), presentó un recurso contra la anulación de la ordenanza y la paralización de los trabajos, el cual fue desestimado. Finalmente, en noviembre, el Ayuntamiento anunció la retirada de este recurso para centrarse en la elaboración de una nueva normativa que regule el tráfico en la ciudad.
Los vecinos de Santa Cruz continúan su lucha en los tribunales, defendiendo sus derechos y libertades en una ciudad donde las políticas de movilidad están en constante debate. La presión sobre el Ayuntamiento se intensifica, y la resolución de este conflicto parece aún lejana.
