La amenaza a las pensiones públicas en Europa se intensifica con propuestas de recortes que provienen de distintos gobiernos, a la vez que se difunde el mensaje de que estos sistemas son “insostenibles”. Desde la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) se aboga por la protección de las pensiones como un derecho fundamental en la Constitución, resaltando su importancia para el Estado del Bienestar.
Recortes en el horizonte europeo
La situación es alarmante. En Alemania, el canciller Friedrich Merz ha anunciado un “otoño de reformas” que incluye elevar la edad de jubilación hasta los 70 años y recortar suplementos destinados a pensionistas. Por su parte, en Francia, una reforma que proponía aumentar la edad de jubilación se ha pospuesto hasta después de las elecciones presidenciales de 2027. En Dinamarca, ya se plantea elevar la edad de jubilación de 67 a 69 años.
La Comisión Europea ha añadido combustible al fuego al sugerir que las reformas de pensiones deben estar ligadas a los pagos de los fondos europeos. Altos directivos de esta institución han calificado de “insostenible” el sistema de pensiones español, sugiriendo su sustitución parcial por planes de pensiones privados, lo que se considera una “privatización silenciosa”.
Un momento de reflexión sobre el sistema público de pensiones
La actual crisis internacional está marcada por un cuestionamiento del sistema público de pensiones, que se manifiesta en países europeos, Iberoamérica y Estados Unidos. La preocupación se centra en las políticas que amenazan derechos sociales construidos a lo largo de décadas. La lucha entre un modelo público, que es valorado por la ciudadanía, y los intereses que buscan debilitarlo, se intensifica, promoviendo una narrativa que favorece la privatización.
Lo más preocupante es el enfoque gradual que se está tomando. Los recortes se presentan de forma sutil, como un “sirimiri” que cala sin que la población se percate de ello. Por lo tanto, es fundamental responder con contundencia, blindando las pensiones en la Constitución y garantizando la protección del poder adquisitivo.
El sistema público de pensiones español es viable y sostenible, comparable a cualquier otra partida del gasto público. Su continuidad depende de decisiones políticas y no de limitaciones económicas. Nadie cuestiona la sostenibilidad de otros ministerios, como el de Defensa o la Casa Real, mientras que las pensiones son objeto de un debate constante sobre su viabilidad.
Con una población de 49 millones de habitantes, España es la decimocuarta potencia económica del planeta. La capacidad de generar riqueza para sostener y mejorar el sistema de pensiones es indiscutible. Aumentar la productividad es clave para compensar la reducción de la población activa; un fenómeno ya visto en el pasado con la agricultura en los años 50.
La verdadera cuestión es cómo se distribuye esa riqueza y qué decisiones se toman al respecto.
Un llamado a la unidad intergeneracional
Es fundamental evitar la división generacional que se está promoviendo. La campaña para enfrentar a jóvenes y jubilados es dañina y busca favorecer políticas de privatización. Esta división artificial atenta contra la esencia solidaria y el carácter intergeneracional del sistema.
La realidad es que todos somos parte de este sistema, tanto pensionistas actuales como futuros. La única fractura real no está entre jóvenes y mayores, sino entre una minoría que controla grandes fondos privados y la mayoría de la población que depende del sistema público. La defensa de las pensiones es una tarea colectiva y requiere la unión de todas las generaciones para garantizar un futuro digno para todos.
