La Universidad de La Laguna (ULL) ha expresado su profundo rechazo a la actuación policial que se produjo durante la visita del agitador ultraderechista Vito Quiles la semana pasada. En una reunión celebrada el 19 de noviembre de 2023, el Consejo Social del centro académico exigió responsabilidades y solicitó información a la Delegación del Gobierno sobre el uso no autorizado de las instalaciones universitarias para propagar ideas contrarias a los valores de la universidad.
Según el Consejo Social, los manifestantes que protestaban contra la presencia de Quiles fueron arrinconados y sometidos a una presión policial considerable, mientras que el propio Quiles pudo moverse con mayor libertad por el campus. Esta situación ha generado un clima de tensión y descontento en la comunidad universitaria, que se siente vulnerable ante la represión de la protesta pacífica.
Debate en el Claustro y aprobaciones administrativas
El rector de la ULL, que anticipó que el tema será debatido en la próxima reunión del Claustro programada para el lunes, también comunicó que el Consejo Social aprobó el inicio del procedimiento para la contratación plurianual de un lote de pólizas de seguros y la gestión de instalaciones de media y baja tensión. La gerente de la universidad, Lidia Pereira, destacó que estas acciones son parte de la actividad habitual del centro.
Además, se ratificaron varios complementos retributivos para el profesorado, así como modificaciones presupuestarias que buscan prolongar hasta 2026 el crédito destinado a acciones de Alumni. Este año, debido a diversas circunstancias, muchas de estas iniciativas no han podido llevarse a cabo, incluyendo algunas del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, así como del área de Investigación y Transferencia.
Delegación de competencias para una gestión más ágil
El Consejo Social también acordó delegar competencias en su comisión permanente para evitar demoras en la tramitación de expedientes que requieren una respuesta ágil. Esta medida se deriva de la última reforma de la ley de consejos sociales de Canarias, que otorga al Consejo la aprobación de todos los gastos plurianuales, lo que anteriormente recaía en el Consejo de Gobierno.
El pleno del Consejo Social se reúne de manera ordinaria una vez al trimestre, y la comisión permanente se encargará de las funciones ejecutivas y de seguimiento de los acuerdos. Con esta delegación, se busca una gestión más flexible y operativa sin alterar el control institucional ni la rendición de cuentas de la universidad.
Finalmente, se abordaron otros temas de trámite, como la suplencia de la vicepresidenta en actos representativos de la universidad y la sustitución provisional en el Consejo de Gobierno mientras el presidente se recupera de una baja médica.
