El Consejo Escolar del Estado ha dado un paso significativo en el ámbito educativo al aprobar por unanimidad un anteproyecto de ley que establece la reducción del número máximo de alumnos por aula a 22 en Primaria y a 25 en Secundaria. Esta normativa, impulsada por la ministra de Educación, Milagros Tolón, también limita la carga lectiva semanal de los docentes, estableciendo un máximo de 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas en Secundaria y Bachillerato.
Un aspecto destacado de esta reforma es que cada alumno con necesidades educativas especiales contará como dos plazas en el cálculo de la ratio máxima, lo que refuerza el enfoque inclusivo en las aulas. Esta medida busca ofrecer una atención más personalizada y adaptada a la diversidad del alumnado, tal como ha señalado Tolón.
El dictamen favorable fue aprobado no solo por los miembros del Consejo Escolar, sino que también recibió el respaldo de las comunidades autónomas, incluyendo aquellas gobernadas por el Partido Popular, como la Comunidad de Madrid. Sin embargo, algunas fuentes regionales han expresado su disconformidad respecto a ciertos aspectos del texto, como la falta de una memoria económica y la ausencia de consulta en la conferencia sectorial.
La tramitación del texto debe regresar al Consejo de Ministros para su segunda revisión, antes de iniciar el proceso parlamentario. Tolón ha defendido que esta iniciativa permitirá a los docentes dedicar más tiempo a cada estudiante, especialmente aquellos que presentan necesidades educativas diversas. «Venimos a trabajar conjuntamente», ha afirmado, reiterando la apertura del Gobierno al diálogo con la comunidad educativa y los sindicatos.
Además de la reducción de ratios, la normativa se propone establecer un límite en la carga horaria de los docentes, una medida que, aunque ya se aplica en la mayoría de las comunidades autónomas, no es una realidad en todas ellas. Por ejemplo, en Madrid, los profesores de Educación Primaria no han alcanzado aún las 23 horas semanales, a pesar de los intentos de negociación por parte de los sindicatos.
El proceso de implementación de esta normativa será gradual y se prevé que esté completamente en vigor para el año 2031, formando parte de una reforma más amplia del sistema educativo y del rol de los docentes. Con este avance, el Gobierno busca mejorar la calidad educativa y responder a las demandas históricas del sector.
Con la aprobación del Consejo Escolar del Estado, el anteproyecto recibe un espaldarazo político fundamental para la nueva ministra. Ahora, el reto será lograr el apoyo necesario en el Congreso para convertir esta propuesta en ley.
