La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de Contratos (OIReScon) cuenta con un alarmante 37,5% de sus puestos vacantes, según datos del Portal de Transparencia accesibles hasta el 1 de agosto de 2025. De las 48 plazas adjudicadas para supervisar la legalidad y transparencia de los contratos públicos, 18 permanecen sin cubrir, lo que pone en entredicho la capacidad de este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
Desde su creación en noviembre de 2017, la OIReScon ha ido ampliando su plantilla de manera gradual. Comenzó con cinco trabajadores y logró alcanzar los 30 empleados en 2024, aunque esta cifra ha fluctuado en los últimos años. Entre 2018 y 2019, la plantilla creció más de un 50%, pasando de cinco a trece empleados, pero se estancó en 2020 debido a la pandemia. En 2021, se incorporaron seis nuevos trabajadores, alcanzando los 19 efectivos, aunque el año siguiente, 2023, se redujo a 24 supervisores.
Retos de la OIReScon ante la creciente contratación pública
La OIReScon fue establecida para cumplir con las directrices de la Unión Europea en materia de contratación pública, garantizando la transparencia y el control en la adjudicación de contratos. Su función principal es elaborar informes periódicos para detectar riesgos de corrupción y otras irregularidades en el sector. La composición del organismo incluye un presidente y cuatro vocales, nombrados por el Consejo de Ministros, quienes gozan de independencia e inamovilidad.
La contratación pública en España representa aproximadamente el 20% del PIB, lo que subraya la importancia de contar con un organismo eficaz que evite irregularidades. A pesar de los esfuerzos realizados, la OIReScon ha sido criticada por la escasez de recursos y personal. En informes recientes, han señalado problemas como el uso de adjudicaciones directas y el fraccionamiento injustificado de contratos menores.
Dimisiones y falta de recursos en la OIReScon
La falta de personal ha llevado a dimisiones significativas, como la de María José Santiago, quien fue la primera presidenta de la OIReScon. Su renuncia en julio de 2020 fue motivada por la falta de recursos para desempeñar adecuadamente sus funciones, especialmente durante la pandemia, cuando solicitó la transparencia en los contratos de emergencia, algo que no se cumplió.
A pesar de los retos, la OIReScon ha logrado algunas mejoras. En sus últimos informes, se ha constatado un avance en los criterios de adjudicación y una mayor transparencia en la publicación de datos, incluyendo costes y planificación contractual, lo que ha ayudado a reducir el número de licitaciones desiertas. Sin embargo, la necesidad de una plantilla completa sigue siendo un aspecto crítico para garantizar la adecuada supervisión de las contrataciones públicas en España.
