La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado hoy su firme intención de alcanzar un consenso sobre el nuevo Plan Estatal 2026-2030, un objetivo que considera fundamental para abordar la crisis de la vivienda en España. Durante su comparecencia en el Congreso, Rodríguez anunció que convocará nuevamente a las comunidades autónomas para evaluar su disposición a participar en este ambicioso proyecto, que cuenta con una inversión prevista de 7.000 millones de euros.
Rodríguez afirmó que este acuerdo no debe considerarse una «asignatura optativa» y instó a las comunidades a priorizar el bienestar social por encima de los intereses partidistas. En caso de que alguna comunidad se niegue a unirse al plan, el Ministerio de Vivienda explorará alternativas para implementarlo a través de ayuntamientos, proveedores sociales y entidades del tercer sector, garantizando que «todo aquel que venga a ayudar y no a poner palos en el camino» tenga un papel en este proceso.
Retos y críticas al plan de vivienda
La ministra también destacó la importancia de la «colaboración institucional» y se comprometió a reexaminar el texto del plan en una conferencia sectorial para sondear a las comunidades sobre su interés en avanzar. En este contexto, expresó su asombro ante la actitud de algunos gobiernos, como el de Madrid, acusándolos de vender su parque de viviendas a inversores extranjeros y de favorecer a los llamados ‘fondos buitre’.
Las reacciones en el Congreso fueron diversas. El diputado del PP, Sergio Sayas, criticó el plan, describiéndolo como una «imposición de políticas huecas» y pronosticó que la propuesta de construir viviendas protegidas en terrenos de instalaciones penitenciarias quedará en un mero anuncio. Por su parte, el portavoz de Vox, Carlos Hernández Quero, señaló que existe un «trecho insalvable» entre el discurso de la ministra y la realidad, cuestionando la efectividad de las ayudas destinadas a los españoles.
Apoyo y propuestas alternativas
Desde Sumar, el político Gerardo Pisarello mostró su apoyo a las partes del plan que combaten la especulación inmobiliaria, aunque advirtió que no es suficiente con incentivar la colaboración, sino que también es necesario censurar a quienes intenten sabotear la iniciativa. En contraste, la representante de ERC, Etna Estrems, aplaudió el esfuerzo del plan pero expresó su preocupación por la posible duplicidad de órganos que podría generar.
La diputada de Junts, Marta Madrenas, destacó que la ley de vivienda ha exacerbado la problemática existente y pidió mayor respeto por las competencias de la Generalitat, aunque reconoció aspectos positivos del plan, como el aumento de recursos para vivienda asequible. Por su parte, el portavoz de Podemos, Javier Sánchez, calificó el plan de «vacío» y criticó su ineficacia al no regular los alquileres ni afectar a los grandes tenedores.
El debate sobre el Plan Estatal 2026-2030 pone de manifiesto la complejidad de la situación de la vivienda en España y la necesidad de un enfoque colaborativo y efectivo para abordar un problema que afecta a una gran parte de la sociedad. Las diferentes posturas políticas reflejan la urgencia de encontrar soluciones que beneficien a todos los ciudadanos.
