La Junta de Extremadura ha decidido imponer la educación telemática para los casi 6 000 niños afectados por las rutas de transporte escolar que aún no han sido adjudicadas. Esta decisión, comunicada de manera unilateral, ha provocado un estado de perplejidad e indignación en miles de familias extremeñas que se ven obligadas a elegir entre quedarse en casa o depender de que sus padres los lleven al colegio.
Maribel Rengel, portavoz de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa), ha expresado su «shock» y «incredulidad total» ante esta medida, que considera un grave error, al no haber sido consultadas las familias ni la federación. «Esto es un fomento de la desigualdad como no ha habido en otras ocasiones», denuncia Rengel, quien critica el caos logístico y educativo que esta situación genera.
Impacto en la comunidad educativa
La portavoz de Freampa plantea preocupaciones sobre la calidad de la enseñanza y la logística de la educación telemática, preguntándose cómo se puede gestionar una clase con parte del alumnado en el aula y parte conectado desde casa. «¿El docente cómo se enfrenta a la clase de mañana? ¿Teniendo parte del alumnado en clase y parte conectado a qué?», cuestiona, resaltando el impacto negativo que esto tendrá en el aprendizaje.
La angustia por la conciliación familiar es otro de los puntos críticos, ya que muchos padres se ven obligados a replantear su situación laboral. «¿Nos pedimos los padres una excedencia, vacaciones, días de asuntos propios, que es lo que hacemos?», se pregunta Rengel. Este escenario no ha sido provocado por una «hecatombe» o una pandemia, sino por un «fracaso administrativo» y una «falta de entendimiento entre dos partes».
Derecho a la educación y desigualdad
La decisión de la Junta de Extremadura ha sido calificada por Rengel como una violación del derecho a la educación, un derecho fundamental que no debería depender de circunstancias administrativas. «Esto es una cuestión de privación al derecho de la educación», sentencia, añadiendo que la incertidumbre sobre la duración de esta medida es devastadora. «¿Esto durará una semana, dos meses o tres?», se pregunta, mientras la federación clama por una solución que no recae sobre las familias.
El mensaje final de Rengel es claro y desgarrador: en Extremadura, en 2025, el acceso a la educación ha quedado condicionado por el código postal, discriminando a quienes viven en entornos rurales frente a los que residen en ciudades. «Esto es dejar claro que hay alumnos de primera y hay alumnos de segunda», concluye.
