La figura del ‘inquiokupa’ se ha convertido en un fenómeno preocupante en el mercado del alquiler en España, representando una grieta legal que afecta tanto a propietarios como a inquilinos. Este término, aunque no está jurídicamente reconocido, describe a aquellos inquilinos que, tras firmar un contrato y pagar el primer mes de alquiler, dejan de abonar la renta, aprovechándose de un sistema que no proporciona las herramientas necesarias para que los propietarios puedan proteger sus intereses.
Más del 75 % de los desahucios en España son consecuencia del impago del alquiler, y el tiempo medio para recuperar una vivienda puede superar los 10 meses. Durante este tiempo, la deuda acumulada puede ser devastadora para los propietarios, que a menudo se ven obligados a asumir gastos continuos como el IBI, la comunidad de vecinos y otros suministros, mientras que su inmueble permanece vacío.
Un mercado en crisis
Según datos de Fotocasa y el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI), una de cada cuatro viviendas en alquiler ha sido retirada del mercado en el último año. Este fenómeno no es un desplome inmediato, pero sí representa una hemorragia constante que amenaza con agravar la crisis de vivienda en el país. Los propietarios, que en su mayoría son pequeños inversores con una sola vivienda, temen no solo a los inquilinos morosos, sino también a la falta de protección legal.
La actual legislación no distingue claramente entre inquilinos vulnerables y aquellos que abusaron del sistema. Esta ambigüedad permite que, al alegar una situación económica complicada, un inquilino pueda paralizar un proceso de desahucio durante meses, lo que agrava la situación de los propietarios. En algunos juzgados, los casos se acumulan, haciendo que la resolución de los procedimientos pueda tardar más de 14 meses.
La necesidad de una reforma legal
El presidente de Amadei, Miguel Ángel Gómez Huecas, subraya que no se trata de elegir entre proteger al inquilino o al propietario, sino de diseñar una ley que no se convierta en un arma para quienes actúan de mala fe. Una legislación que reconozca la necesidad de un mercado de alquiler justo, seguro y accesible para todos. A este ritmo, se estima que harían falta más de 500 000 nuevas viviendas asequibles para satisfacer la demanda actual, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
El futuro del mercado del alquiler en España depende de la restauración de la confianza entre propietarios e inquilinos. Si no se aborda este problema de manera efectiva, el sistema seguirá perpetuando una situación de tensión, donde los precios aumentan y el acceso a la vivienda se convierte en una carrera imposible para quienes más lo necesitan.
