La escasez de plazas en residencias universitarias se ha convertido en un serio obstáculo para los jóvenes que desean acceder a la educación superior en La Laguna, Tenerife. Según un informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), dos de cada tres estudiantes demandantes no consiguen una plaza en estos alojamientos, lo que les obliga a enfrentarse a precios desorbitados en el mercado del alquiler.
La situación es alarmante, ya que la vivienda, y no las calificaciones, se ha transformado en el principal impedimento para los jóvenes que buscan iniciar o continuar sus estudios universitarios. Con precios de pisos y habitaciones en alquiler que superan lo asequible, muchos jóvenes de las Islas y del norte y sur de Tenerife se ven obligados a buscar alternativas que cada vez son más escasas. Este contexto ha llevado a que uno de cada cinco alumnos se plantee abandonar la universidad debido a la falta de opciones habitacionales.
Un panorama preocupante para los estudiantes
En Canarias, la oferta de alojamiento es extremadamente limitada. La Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas cuentan con un total de 990 plazas en colegios mayores y residencias universitarias, de las cuales alrededor de 550 están en La Laguna y 440 en Las Palmas. Sin embargo, no todas estas plazas están disponibles, ya que una reserva del 8% se destina a solicitudes de personal de programas de movilidad o cooperación internacional. Esta situación ha dejado a la Universidad de La Laguna con solo un 2,5% de cobertura para sus 22 000 alumnos, lo que resulta insuficiente.
Desde hace casi 40 años, la Universidad de La Laguna no ha creado nuevas plazas residenciales. A pesar de que la demanda se ha duplicado en los últimos cuatro años, la financiación para el mantenimiento de infraestructuras ha sido escasa. En el curso 2022-2023, se registraron 800 solicitudes, cifra que ha ido en aumento hasta alcanzar las 1 400 solicitudes para el curso 2023-2024. La escasez de habitaciones, sumada a los precios inasumibles, ha llevado a muchas familias a endeudarse o incluso a renunciar a la educación de sus hijos.
Consecuencias de la crisis habitacional
La falta de alojamiento no solo afecta a la matrícula de los estudiantes, sino que también genera prácticas discriminatorias entre propietarios que, ante la alta demanda, prefieren alquilar a trabajadores y funcionarios en lugar de a estudiantes. Esto ha dado lugar a situaciones de abuso, donde los precios exorbitantes y requisitos desmedidos complican aún más el acceso a una vivienda adecuada.
Un caso destacado ocurrió en 2024, cuando la Policía Nacional arrestó a una mujer por presuntos delitos de estafa relacionados con el alquiler de viviendas, defraudando cerca de 10 000 euros a estudiantes universitarios. Tras semanas de búsqueda, los jóvenes caen en el engaño de anuncios atractivos, que una vez contactados, se convierten en estafas.
La situación actual refleja una profunda desigualdad de oportunidades, perpetuando brechas entre islas y clases sociales. La falta de soluciones habitacionales puede comprometer no solo el futuro académico de los estudiantes, sino también su bienestar y desarrollo personal.
