El caso del asesinato de Isabel Carrasco ha vuelto a ser objeto de controversia tras las declaraciones del fiscal Carlos Castresana, quien ha puesto en duda la condena de Raquel Gago Rodríguez, una joven policía municipal de León implicada en este trágico suceso ocurrido el 12 de mayo de 2014.
Raquel Gago, conocida por su carácter tranquilo y su preferencia por labores comunitarias, se vio envuelta en una trama de asesinato cuando su amiga, Triana Martínez, fue detenida junto a su madre, Montserrat González, por el homicidio de Carrasco. La relación entre Gago y Martínez, que se conocían desde la adolescencia, ha sido un punto crucial en la investigación.
Los acontecimientos del día del crimen
El día del asesinato, Raquel había estado en casa de Triana tomando café. Tras este encuentro, se dirigió a una tienda de manualidades donde, mientras esperaba su apertura, realizó llamadas triviales. En un giro inesperado, recibió una llamada de Triana preguntando por su ubicación y, poco después, Triana apareció para dejar un bolso en el coche de Raquel antes de marcharse, sin regresar jamás.
Cuando Raquel descubrió el bolso de Triana en su vehículo días después, se encontró con el revólver utilizado en el crimen. Atormentada, llamó a un amigo policía para reportar el hallazgo, lo que llevó a su detención como sospechosa de complicidad en el asesinato. Sin embargo, numerosos testigos, incluidos compañeros de trabajo y amigos, confirmaron su versión de los hechos, indicando que Raquel no tenía motivos para involucrarse en el crimen.
Contradicciones en el proceso judicial
A medida que avanzaba el juicio, la acusación se centró en los indicios que apuntaban a Raquel como coautora del asesinato. Sin embargo, el jurado, tras deliberar, optó por condenarla como cómplice, algo que generó confusión, ya que también solicitaron su indulto. Esta ambigüedad llevó al magistrado a reinterpretar el veredicto, condenándola a tres años de prisión por encubrimiento.
La situación legal de Raquel Gago se complicó aún más cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó la sentencia inicial y la condenó a doce años de prisión. A pesar de las pruebas en su contra, como el hecho de haber estado en contacto con Triana el día del crimen, la falta de pruebas concluyentes que la vincularan directamente al asesinato ha dejado muchas dudas sobre su culpabilidad.
El caso ha generado un intenso debate sobre la validez de las pruebas indiciarias y la presunción de inocencia. En este sentido, la defensa ha argumentado que Raquel Gago no tenía motivos para asesinar a Carrasco, lo que podría haber influido en la percepción del jurado y en la decisión final del tribunal.
En septiembre de 2023, Raquel Gago fue clasificada en tercer grado y se encuentra en régimen de semilibertad, lo que ha reavivado el interés mediático y público en el caso. La historia de Raquel Gago sigue siendo un recordatorio de las complejidades del sistema judicial y de cómo las decisiones tomadas en momentos críticos pueden cambiar vidas para siempre.
