La reciente actuación de la Comisión Europea (CE) ha dejado al descubierto un aparente doble rasero en la forma en que se investigan y sancionan a los clubes de fútbol profesionales en España. El 25 de septiembre de 2023, se hizo público que la CE ha reabierto una investigación contra el Valencia CF, lo que podría costarle al club una multa de 23 millones de euros. A su vez, también se ha reactivado el procedimiento sancionador contra el Hércules, que enfrenta una penalización de 7 millones, y el Elche, que podría recibir una multa de 4 millones.
La CE argumenta que estas sanciones se deben a la supuesta recepción de ayudas públicas ilegales por parte de estos clubes, que violan las normativas de libre competencia establecidas en el mercado común europeo. Las ayudas cuestionadas provienen de cuando el Instituto Valenciano de Finanzas, dependiente de la Generalitat, avaló a estas tres entidades para que obtuvieran financiación a través de sus fundaciones. En el caso del Valencia, el club decidió acceder a hasta 81 millones de euros, compuestos por un préstamo de 75 millones en 2009 y otro de 6 millones en 2010.
El 30 de septiembre de 2023 finalizaba el plazo para que los clubes mencionados, junto al Instituto Valenciano de Finanzas y la Generalitat, presentaran alegaciones ante la Comisión Europea para evitar las sanciones. La administración autonómica incluso solicitó una prórroga de 45 días a las autoridades europeas para presentar más documentación y preparar sus defensas ante los tribunales europeos.
El caso del Real Madrid
En un contraste notable, la misma semana que se conocía la presión de Bruselas sobre los clubes valencianos, se supo que el Real Madrid había sido absuelto en un litigio en el que ya había pagado 20 millones de euros por supuestamente haber recibido ayudas públicas. El club, presidido por Florentino Pérez, expresó su «satisfacción» por la decisión de la Comisión Europea de ratificar la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) en relación a los acuerdos de venta de la Ciudad Deportiva de la Castellana. Según esta sentencia, el Ayuntamiento de Madrid deberá devolver esos 20 millones al club, ya que no se consideró que existiera una «ayuda de Estado».
Esta investigación, que se inició a finales de 2013 bajo la supervisión de Joaquín Almunia, anterior vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia, revisaba convenios y permutas de terrenos entre el Real Madrid y el consistorio madrileño. A pesar de una multa inicial impuesta en 2016, el TJUE ha corregido a la CE, dictaminando que el club debe recuperar el dinero.
Diferencias en el trato
La disparidad en el tratamiento entre el Valencia y el Real Madrid plantea serias dudas sobre la seguridad jurídica en la aplicación de normativas. Mientras la CE reabre la investigación sobre el Valencia, en 2020 había absuelto al club, y ahora, cinco años después, vuelve a poner sobre la mesa la multa de 23 millones. Por otro lado, el Madrid, que fue sancionado y posteriormente absuelto, ve cómo se le devuelve el dinero con la aprobación de las autoridades españolas.
Otro caso que ilustra el doble rasero de la CE es el del Athletic Club de Bilbao. En 2016, se archivó una investigación sobre ayudas estatales recibidas para la reconstrucción del estadio Nuevo San Mamés. A pesar de que se destinaron más de 111 millones de euros en fondos públicos para el nuevo coliseo, la CE no consideró estas subvenciones como ayudas estatales. La Defensora del Pueblo Europea de aquel entonces, Emily O’Reilly, acusó a Almunia de conflicto de interés debido a sus vínculos con el club.
Las sanciones contra el Valencia CF, Elche, Hércules, Real Madrid y Athletic se activaron en diciembre de 2013, y tras más de 12 años, solo las relacionadas con los clubes valencianos siguen vigentes. Esta situación genera confusión y descontento entre ciudadanos y empresas que observan con preocupación la falta de coherencia en la aplicación de la ley.
