El PSOE ha anunciado su intención de presentar un paquete de medidas para restablecer las políticas de Memoria Democrática en Aragón, tras el reciente vandalismo de placas conmemorativas en la comarca de Gúdar-Javalambre. El diputado Daniel Alastuey ha manifestado que esta situación es inaceptable y que corresponde al Gobierno de Aragón proteger estos lugares de memoria.
Durante una rueda de prensa en las Cortes, Alastuey, acompañado de la parlamentaria turolense Alba Sánchez, expuso que “a primeros de agosto hemos tenido noticia de que se han vandalizado en Teruel algunas placas en recuerdo de víctimas del franquismo, las cuales han sido repuestas por la asociación Pozos de Caudé”. Sin embargo, subrayó que no es responsabilidad de las asociaciones memorialistas asumir esta carga, sino del Gobierno de Aragón, que tiene la obligación legal de proteger estos monumentos.
Restitución de derechos y obligaciones
Alastuey recordó que la Ley de Memoria Democrática de España establece en su artículo 52 la obligación de las administraciones públicas de garantizar la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada de los lugares de memoria democrática. Por lo tanto, el PSOE exigirá al Gobierno de Aragón que cumpla con esta normativa y ha anunciado la presentación de iniciativas de petición de información al respecto.
El parlamentario también destacó que la posibilidad de un presupuesto para 2026 vuelve a estar sobre la mesa, y cuestionó el precio que el presidente Javier Azcón estaría dispuesto a pagar a VOX para ello, dado que en esta legislatura solo se ha aprobado un presupuesto, el de 2024, acompañado de condiciones que incluyeron la derogación de la Ley de Memoria Democrática.
En este sentido, Alastuey criticó el “Plan de concordia” presentado por el Gobierno de Azcón, calificado como una “cortina de humo” que busca justificar la derogación de la ley. “Este plan no fue más que una excusa para olvidar el pasado”, afirmó. Además, se refirió a la orden PIC/739/2024, publicada el 3 de julio, que señalaba entre sus objetivos la eliminación de referencias a periodos que no sean el constitucional iniciado en 1978, lo que, según él, lleva a una banalización de la historia reciente de España.
Exigencias de transparencia y rendición de cuentas
Alastuey indicó que la derogación de la ley eliminó elementos clave como el Censo de memoria democrática de Aragón, las Rutas de memoria democrática y el Centro de Investigación de la memoria democrática de Aragón. En consecuencia, el PSOE solicitará información detallada sobre la ejecución del Plan de Concordia, que incluye una asignación de 110.000 euros, a pesar de que solo la DPZ invierte 550.000 euros anualmente. Además, se ha recibido financiación del Consejo Territorial de Memoria Democrática, con 126.000 euros en 2024 y 144.000 euros en 2025 provenientes del Gobierno de España.
Por último, Alastuey expresó la necesidad de conocer el desglose del gasto de las partidas asignadas en 2024, que ascienden a 236.000 euros, así como la ejecución prevista para 2025, que es de 254.000 euros. Asimismo, enfatizó que el Gobierno de Aragón está obligado a presentar planes anuales de acción que, hasta el momento, no han sido comunicados a los grupos parlamentarios.
