El Partido Popular de Avilés ha expresado su firme oposición a la futura regulación de zonas tensionadas, una medida anunciada por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, que se prevé implementar en 2026 y que estará vigente durante tres años. La diputada autonómica Susana Fernández se pronunció en contra de estas iniciativas durante una rueda de prensa celebrada en Avilés, argumentando que su partido considera que esta regulación representa un «fracaso absoluto» y que «estrangula la oferta» de vivienda en la región.
Fernández criticó duramente la propuesta, afirmando que el control de precios, que se busca establecer en las zonas tensionadas, ha generado un rechazo «unánime» entre las comunidades autónomas, incluyendo aquellas gobernadas por el Partido Socialista. Según la diputada, «si intervienes el mercado, la oferta cae y los precios se disparan», lo que pone de manifiesto, a su juicio, los efectos negativos de esta normativa.
La diputada fue más allá en sus críticas al considerar que, de aplicarse, se estaría ante «una ley sectaria que ha machacado la oferta y ha provocado una subida desorbitada de los precios». Para ilustrar su punto, Fernández destacó que, en el último año, los contratos de temporada representan el 30% en Barcelona, el 15% en Madrid y el 13% en Málaga y Valencia, ciudades donde ya se han implementado regulaciones similares.
La presidenta del PP de Avilés, Estefanía Rodríguez, y el concejal Jorge García, acompañaron a Fernández en esta comparecencia, reforzando la posición de su partido contra estas medidas que, según ellos, podrían tener un impacto negativo en el mercado de la vivienda local. La controversia en torno a la regulación de zonas tensionadas sigue generando un amplio debate en la región, reflejando las tensiones existentes en la política de vivienda en España.
