El Ministerio de Interior ha oficializado el traspaso de ocho infraestructuras y terrenos penitenciarios a Sepes, la nueva Entidad Estatal de Vivienda, destinada a la construcción de 1.332 viviendas protegidas y asequibles en diferentes localidades de España. Este anuncio se realizó el martes, destacando que entre los terrenos cedidos se encuentra el de la antigua cárcel de Fátima en Córdoba, donde se prevé la edificación de 174 viviendas de protección oficial (VPO).
El primer paso para Sepes tras recibir estos terrenos será actualizar el proyecto de urbanización, que ya había sido licitado por el Ministerio de Interior. La adjudicación inicial, que tenía un coste de 2,3 millones de euros, fue cancelada debido a precios desactualizados, lo que complicaba la viabilidad del proyecto. Los plazos originales contemplaban que la ejecución de esta fase se completara en un año, aunque la nueva situación podría alterar estos tiempos.
Detalles del proyecto y su impacto social
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado que la nueva planificación busca responder a la creciente necesidad de vivienda accesible en España. En su intervención, Rodríguez afirmó que «son espacios que se encuentran situados en muchos casos en el centro de las ciudades, lo que contribuirá a la regeneración urbana». Asimismo, ha destacado que este proyecto se enmarca dentro del compromiso del Gobierno de «poner todos los recursos públicos al servicio del derecho a la vivienda».
El valor total de los terrenos cedidos asciende a 78 millones de euros, y se espera que esta iniciativa sirva para incrementar el parque público de viviendas, asegurando un hogar para las familias españolas. La ministra ha añadido que estos terrenos «pasarán a albergar los proyectos de vida de 1.332 familias«, transformando espacios que anteriormente estaban destinados a la represión y la privación de libertad.
Terrenos en varias comunidades autónomas
Los terrenos que ahora son gestionados por Sepes están repartidos por diversas localidades del país, incluyendo la cárcel de Carabanchel en Madrid, la cárcel de la Ranilla en Sevilla, y otras infraestructuras en Huesca, Zaragoza, Segovia y Briviesca (Burgos). Este enfoque no solo busca proporcionar viviendas, sino también fomentar la cohesión social y la regeneración de estos territorios.
Para facilitar el desarrollo del Plan de Vivienda Asequible, el Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de 260 millones de euros a Sepes, lo que permitirá el avance de estos proyectos y garantizará que más familias puedan acceder a viviendas dignas en un futuro próximo. Rodríguez ha enfatizado que «donde ayer había celdas, mañana habrá hogares», reflejando así la visión de un futuro más inclusivo y humano para estos espacios.
