El Gobierno de España ha decidido analizar el suelo público disponible con el objetivo de desarrollar residencias y alojamientos asequibles para estudiantes y personal investigador. Esta medida busca abordar el creciente problema de la vivienda que enfrentan los universitarios en el país, donde un alarmante 45 % del estudiantado de grado, máster y doctorado se desplaza a localidades distintas a las de su residencia familiar para poder estudiar.
En una reunión celebrada el 25 de septiembre de 2025, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunió con representantes de 44 universidades públicas y el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca, para impulsar esta iniciativa. En Madrid, los estudiantes desplazados representan el 22,7 % del total de universitarios en España.
Diana Morant ha instado a las universidades a tomar un papel activo en la promoción de residencias accesibles, utilizando suelo público y financiación estatal. “Debemos implementar políticas públicas que aborden esta situación o el acceso a la universidad pública estará bloqueado para jóvenes y familias que no pueden permitirse una residencia”, declaró en el encuentro, donde también participó la presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón.
La creciente demanda de alojamientos
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha subrayado la necesidad de agilizar la creación de alojamientos para estudiantes y se ha ofrecido a trabajar de manera conjunta con universidades, comunidades autónomas y ayuntamientos. Este plan de prospección busca identificar de manera coordinada los suelos públicos disponibles y evaluar su potencial para el desarrollo de viviendas asequibles, especialmente dirigidas a estudiantes y personal investigador.
Actualmente, los 110 colegios mayores que existen en España solo pueden acoger a 15 000 estudiantes, una cifra insuficiente para satisfacer la creciente demanda, especialmente en un contexto donde los precios de alquiler han aumentado. Durante el primer trimestre de este año, la oferta de habitaciones en pisos compartidos creció un 7 % interanual, llevando el precio medio a 420 euros mensuales, cifra que en el centro de las grandes ciudades puede alcanzar los 700 euros.
Estadísticas preocupantes
Según datos de la Secretaría General de Universidades, durante el curso académico 2023-2024, un 25,4 % del alumnado presencial estudió en el mismo municipio que su residencia familiar, mientras que un 45,1 % lo hizo en otro municipio dentro de la misma provincia. Un 11,8 % se trasladó a una provincia distinta de la misma comunidad autónoma y un 17,5 % a otra comunidad autónoma o al extranjero.
La situación actual de la vivienda para los universitarios se presenta como un desafío que el Gobierno busca atender de manera urgente, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a la educación superior en España.