El Consejo de Estado ha emitido un informe que cuestiona varios aspectos del nuevo decreto sobre universidades que el Ministerio de Universidades, dirigido por Diana Morant, planea presentar en los próximos días. Este organismo ha señalado que, a pesar de la celebración del trámite de audiencia e información pública, el decreto no ha pasado por consulta pública previa, lo que genera una falta de transparencia en el proceso.
En su reunión del 11 de septiembre de 2025, la Comisión Permanente del Consejo de Estado destacó que la normativa actual debería ser reemplazada por un nuevo real decreto, en lugar de modificar uno existente. En este sentido, critican que la memoria que acompaña la norma carece de una evaluación específica del impacto presupuestario que tendrá en las universidades, las comunidades autónomas y el propio Estado, considerándola «parca e insuficiente».
Requisitos desproporcionados y falta de claridad
El informe también cuestiona el artículo que establece que «en ningún caso una universidad podrá tener centros propios o adscritos que no tengan naturaleza universitaria». El Consejo de Estado ha expresado su confusión respecto a la definición de «naturaleza universitaria» y ha lamentado la falta de referencia a la posibilidad de adscribir centros de formación profesional de grado superior. Además, consideran desproporcionada la exigencia de acreditar experiencia previa a los promotores de nuevas universidades, un requisito que solo se impone a instituciones privadas.
En relación con la intervención de agencias de calidad en el procedimiento de creación o reconocimiento de universidades, el Consejo de Estado advierte que esta práctica podría alterar las competencias establecidas, sugiriendo que un informe vinculante de estas agencias no debería ser impuesto por norma básica. Así, proponen que los informes de calidad sean preceptivos, pero no vinculantes.
Críticas desde otros ministerios
El impacto de este nuevo decreto ha generado preocupaciones entre diversos ministerios. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, liderado por Carlos Cuerpo, ha señalado que ciertos requisitos, como el de contar con 4 500 alumnos matriculados o la necesidad de experiencia previa en gestión universitaria, no están necesariamente relacionados con la calidad de la enseñanza. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, bajo la dirección de Yolanda Díaz, ha cuestionado la exigencia de que el 75 % del personal docente e investigador resida en España o en la Unión Europea, argumentando que esto podría vulnerar libertades de circulación y residencia de los trabajadores europeos.
Finalmente, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, ha denegado la aprobación previa del proyecto, subrayando la necesidad de revisar la valoración de las cargas administrativas presentes en el informe. Esta situación evidencia un clima de tensión y desacuerdo dentro del Gobierno en torno a la regulación de las universidades en España.
