La situación de los docentes en Canarias se ha vuelto crítica, ya que muchos renuncian a sus plazas por la imposibilidad de encontrar vivienda asequible. Según Pedro Crespo, presidente de Anpe Canarias, el sindicato más representativo del profesorado en las Islas, esta problemática se manifiesta especialmente en municipios como Arona (Tenerife), Haría (Lanzarote) y zonas rurales de El Hierro.
“La vivienda se está convirtiendo en una barrera de acceso a la enseñanza pública”, asegura Crespo, quien destaca que los precios desorbitados complican la llegada de nuevos docentes, especialmente aquellos que son interinos o recién graduados. La dificultad se agrava cuando un profesor es llamado a cubrir una baja en otra isla, lo que muchas veces resulta en un desafío casi irrealizable debido a los elevados precios de alquiler, especialmente si la duración es corta. “No les compensa”, añade.
Impacto en la calidad educativa
La renuncia de docentes no solo afecta a quienes deciden no aceptar las plazas, sino que también perjudica el aprendizaje de los estudiantes, ya que en ocasiones no se encuentran sustituciones. Esta situación es más acentuada en municipios turísticos, donde los alquileres pueden superar el 40% del salario de un docente interino. “Esto agrava la precariedad del colectivo”, subraya Crespo.
La movilidad interinsular añade otro nivel de dificultad, con costes adicionales que complican la estabilidad del profesorado. “Los traslados entre islas implican pérdida de referentes, trámites administrativos y gastos en transporte y mudanza. Muchos no pueden firmar contratos de larga duración y terminan atrapados en alquileres temporales caros”, relata Crespo. Esta incertidumbre afecta directamente al bienestar del docente, limitando su capacidad para conciliar la vida laboral y personal.
Propuestas para una solución
Crespo considera “muy insuficiente” que el personal docente solo reciba la indemnización por residencia que se paga a los empleados públicos de la Administración General del Estado en Canarias. “Son necesarias medidas como el establecimiento de un complemento retributivo específicamente pensado para afrontar la dificultad de encontrar vivienda a un precio razonable, similar al que se ha implementado en Baleares”, reclama.
Anpe también propone la creación de una bolsa de viviendas públicas para docentes, la regulación del uso del alquiler vacacional para preservar viviendas de larga duración, la implantación de bolsas de vivienda para interinos y mecanismos para facilitar que los docentes trabajen en sus islas de residencia.
“Desde Anpe tratamos de paliar la situación poniendo en contacto a propietarios con docentes que necesitan vivienda, pero no es suficiente. La Administración debe intervenir”, insiste Crespo.
Por su parte, el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, advirtió en una rueda de prensa el pasado 24 de julio de 2023 que, por el momento, no es posible asumir la gestión directa de este asunto. “La vivienda es una prioridad para este Gobierno y es cierto que a los docentes que tienen que trasladarse para ocupar una plaza fuera de su isla también les afecta. Pero como Consejería de Educación no podemos poner las viviendas, primero porque no tenemos, y segundo porque tampoco podríamos asumir esa responsabilidad”, señaló.
El consejero reconoció que el tema está sobre la mesa y que varios sindicatos están reclamando soluciones habitacionales para el personal docente, pero pidió “realismo”. “Creo que ahora tenemos que poner los pies en el suelo. No estamos diciendo que no, pero debemos ser conscientes de que, en este momento, no podemos asumir algo tan complejo”, afirmó.
Suárez considera que el problema debe ser estudiado en profundidad. “Es importante que se analice y se estudie para ver qué solución podemos dar. No tengo una varita mágica para resolver también la parte de la vivienda para los docentes en Canarias”, concluyó.
