El pasado 12 de diciembre de 2025, la Policía Nacional detuvo al presidente y al consejero delegado de Plus Ultra, Julio Martínez y Roberto Roselli, respectivamente, en el marco de una operación por un presunto blanqueo de capitales. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró la sede de la aerolínea hispanovenezolana, en una investigación que se lleva a cabo bajo secreto de sumario.
Esta operación se produce en un contexto de controversia sobre el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19. Apenas un mes antes, el Ejecutivo había defendido la legalidad de esta ayuda, afirmando que no existían irregularidades ni denuncias sobre el uso indebido de los fondos.
Investigaciones y acusaciones
La situación se complica ante las acusaciones del comisionista del caso PSOE, Víctor de Aldama, quien reveló que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero estuvo involucrado en el rescate, presionando al entonces ministro José Luis Ábalos para su aprobación. De Aldama también indicó que parte de la ayuda podría haber sido destinada a financiar a la Internacional Socialista, organización que preside Sánchez desde 2022.
Según el testimonio de De Aldama, se escuchó a altos funcionarios mencionar que se utilizarían 10 millones de euros del rescate para dicha financiación. A raíz de estas declaraciones, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado preguntas al Gobierno solicitando aclaraciones sobre el uso de los fondos y si se han llevado a cabo investigaciones al respecto.
Respuesta del Gobierno y auditoría del Tribunal de Cuentas
En respuesta a las inquietudes planteadas, el Gobierno, en un comunicado fechado el 4 de noviembre de 2025, destacó que la concesión de los apoyos se basó en un análisis exhaustivo de la situación económica y jurídica de las empresas afectadas por la pandemia. Afirmó que el Tribunal de Cuentas concluyó que la SEPI aplicó adecuadamente la normativa relacionada con los requisitos de financiación.
Sin embargo, el escrito no abordó de manera concreta las acusaciones de mal uso de los fondos. El PP ha exigido claridad sobre las medidas que el Gobierno tomaría si se confirma que Plus Ultra defraudó al Estado español. La situación continúa desarrollándose mientras se espera más información de la investigación en curso.
El desenlace de este caso no solo pondrá a prueba la transparencia del Gobierno de Sánchez, sino que también podría tener implicaciones importantes para el futuro de la aerolínea y su relación con el Estado.
