La figura del coordinador de bienestar en las escuelas está tomando un papel crucial en la lucha contra el acoso escolar, especialmente en un contexto donde los recursos institucionales son escasos. Con la implementación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), se ha hecho obligatoria la presencia de estos coordinadores en los centros educativos, aunque, en la mayoría de las comunidades, no se les ofrece ninguna compensación económica.
Juan, un profesor de Geografía e Historia en un instituto de secundaria en La Calzada, Gijón, comparte su experiencia como coordinador de bienestar desde 2021. Él asume este cargo por lealtad a su entonces directora y porque ya tenía una buena relación con sus alumnos. «Sin un vínculo, la figura del coordinador no funciona. El alumno tiene que sentirse seguro para hablar», explica Juan.
El informe más reciente de la ONG Educo destaca las desigualdades en la implementación de la figura del coordinador de bienestar en diferentes territorios. La falta de tiempo asignado para cumplir con sus funciones es uno de los principales problemas. En algunas comunidades, la dedicación a esta tarea depende de la decisión de cada centro, mientras que otras fijan horas concretas según el tamaño del mismo. A pesar de que Juan dedica actualmente tres horas semanales a esta labor, considera que es insuficiente para abarcar todas las necesidades.
Verónica, jefa de estudios y coordinadora de bienestar en una escuela pública de educación primaria en Madrid, también ha asumido este cargo sin recibir retribución ni tiempo liberado. Ella destaca la importancia de que todo el claustro de profesores trabaje unido y que se disponga de más tiempo para abordar el bienestar del alumnado.
La problemática del acoso escolar ha aumentado notablemente, especialmente a raíz del ciberbullying y el uso de nuevas tecnologías. Según un informe de la Fundación ANAR, el 14,2% de los casos de ciberacoso involucra inteligencia artificial, lo que ha generado nuevas formas de violencia entre menores. Juan señala que el 80% de las situaciones de acoso que se gestionan en su instituto están relacionadas con interacciones en redes sociales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, generando un intenso debate sobre la protección de la infancia. Mientras que algunos consideran que esta medida es tardía, Juan insiste en que la intervención debe ir más allá del aula, dado que muchas situaciones de acoso se originan fuera del entorno escolar.
Con el aumento de casos de acoso y situaciones de vulnerabilidad entre el alumnado, Juan subraya la necesidad de recursos adicionales. «No soy psicólogo, y pienso que debería haber más profesionales en este ámbito dentro de las escuelas», afirma. La entidad social Mar de Niebla ha creado una red comunitaria para apoyar a los coordinadores de bienestar en La Calzada, proporcionando un espacio de colaboración y apoyo ante la creciente complejidad de las situaciones que enfrentan.
Juan afirma que gracias a esta red se está logrando salir adelante, a pesar de la incertidumbre inicial. Estas iniciativas comunitarias están surgiendo en diversas partes de España, destacando la importancia de la colaboración entre organizaciones y administraciones para garantizar el bienestar de los menores.
