Las comunidades y ciudades autónomas presididas por el Partido Popular (PP) han enviado una carta conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico solicitando la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para tratar la situación del lobo en España. Esta petición se fundamenta en el artículo 12 del reglamento de dicho órgano y surge tras la «negativa» del Ministerio a celebrar una sesión extraordinaria, la cual fue cancelada unilateralmente.
En un comunicado emitido por el Ejecutivo de Castilla y León, se ha puesto de manifiesto la importancia de esta reunión, especialmente tras la suspensión de la Conferencia que estaba prevista para el 22 de julio. La carta ha sido firmada por los titulares de las consejerías con competencias en medio ambiente de comunidades como Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia, La Rioja, Aragón, Valencia, Cantabria, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla, en la que se denuncia el carácter «arbitrario e injustificado» de dicha suspensión.
La carta enfatiza que el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Defensor del Pueblo —argumento esgrimido por el Ministerio para no convocar la reunión— no afecta al derecho del informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo, ni incluye la solicitud de medidas cautelares que impidan la aplicación de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Asimismo, las comunidades recuerdan que la aprobación de dicho informe, exigido por la Directiva Hábitat, debe llevarse a cabo antes del 31 de julio y no está vinculada a la consideración legal del lobo como especie protegida.
Propuesta de orden del día y advertencias legales
En la propuesta de orden del día, se incluyen otros acuerdos urgentes como el reparto de fondos de los programas PIMA Cambio Climático y Especies Críticas 2025, esenciales para llevar a cabo inversiones en la conservación de la biodiversidad. Las comunidades firmantes han advertido que, de no atenderse esta solicitud en un plazo de dos días hábiles, se reservan el derecho a emprender acciones legales.
El orden del día propuesto por las comunidades autónomas contempla, en primer lugar, el acuerdo sobre la distribución territorial del PIMA Cambio Climático. En segundo lugar, el reparto de fondos para la conservación de Especies Críticas. En tercer lugar, la aprobación del informe sexenal de la Directiva de Hábitats y, finalmente, los ruegos y preguntas.
Con esta iniciativa, la administración autonómica reafirma su «compromiso con la legalidad, el respeto institucional y la defensa de los intereses del medio ambiente y del mundo rural». La presión ejercida por las comunidades del PP pone de manifiesto la relevancia que tiene la situación del lobo en el contexto ambiental español y la necesidad de un abordaje conjunto por parte de las distintas administraciones.
