La propuesta de ley presentada el 4 de junio de 2024 en el Parlamento de Canarias ha generado un intenso debate sobre la autoridad del profesorado en las Islas. Esta iniciativa, respaldada por los grupos que apoyan al Ejecutivo, como Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, enfrenta el rechazo de las formaciones opositoras, así como de la Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca).
La norma, que se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, establece una serie de derechos fundamentales para los docentes, garantizando un entorno de trabajo digno y seguro. Entre estas disposiciones se encuentra el reconocimiento del profesorado como autoridad pública, lo que conlleva una serie de garantías jurídicas. Además, se les otorgará derecho a la protección legal y asistencia jurídica y psicológica por parte de la Administración pública ante cualquier situación derivada de su ejercicio profesional.
Derechos y deberes en el entorno educativo
La propuesta también enfatiza la responsabilidad de las familias en el respeto a las normas de convivencia y en el reconocimiento de la autoridad docente. Asimismo, se contempla la creación de una unidad administrativa destinada a la atención, protección y asesoramiento a los docentes que enfrenten conflictos en el ámbito educativo. Uno de los puntos más destacados de la ley es la obligación de las administraciones de ofrecer asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente de todos los niveles educativos.
Se implementarán medidas para prevenir agresiones a los docentes, reforzando su reconocimiento legal como autoridad pública, similar al de un agente de policía. También se introducirán mecanismos en las normas de convivencia para evitar la difusión de mensajes ofensivos en los espacios educativos, ya sean físicos o digitales. Además, se establece que los responsables civiles de los alumnos deberán reparar cualquier daño causado a las instalaciones o equipamientos del centro educativo.
Apoyo y críticas a la propuesta
La norma ha recibido el apoyo de los principales sindicatos del profesorado, quienes destacan que esta iniciativa equipara a Canarias con otras once comunidades autónomas que han reconocido por ley la autoridad de los docentes. Gerardo Rodríguez, portavoz de STEC-IC, ha señalado que la ley refuerza la figura del profesorado en un momento en el que su rol se ha visto cuestionado, especialmente con la llegada de nuevas tecnologías. Sin embargo, Rodríguez también ha manifestado la necesidad de incluir mejoras en las condiciones laborales y en las infraestructuras educativas durante el proceso de tramitación.
Por otro lado, el PSOE y Nueva Canarias han expresado su oposición a la ley, argumentando que carece de consenso y adolece de un enfoque partidista. Udeca ha criticado la falta de diálogo con la comunidad educativa en la elaboración del texto y ha calificado de «demagógicos» los mensajes sobre el refuerzo de la autoridad docente, a la vez que cuestiona la ausencia de datos que justifiquen la nueva ley.
El Consejo Escolar de Canarias, órgano consultivo que representa a la comunidad educativa, ha anunciado que celebrará un debate interno en septiembre para establecer una posición sobre la propuesta.
La discusión en torno a esta ley refleja la necesidad de abordar las condiciones laborales y el reconocimiento del profesorado, aspectos fundamentales para garantizar un sistema educativo eficaz y respetuoso.
