En Canarias, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) ha crecido un 30% en los últimos cuatro años, alcanzando el 12% del total de estudiantes en la región. Este aumento ha generado inquietud entre los sindicatos que representan al profesorado, quienes piden a la Consejería de Educación que implemente de manera efectiva los acuerdos alcanzados el curso pasado, que prometen mejorar las ratios de alumnos por clase y aumentar los recursos destinados a la atención de la diversidad.
El sindicato ANPE ha expresado su preocupación por que los avances conseguidos queden “en un paso aislado si no se incrementa la inversión educativa”. Según Pedro Crespo, presidente de ANPE, “la reducción parcial de ratios no resuelve los retos estructurales de la educación en Canarias”, subrayando que se necesita una mayor inversión para que las mejoras sean significativas.
Reducción de ratios y aumento de especialistas
En este primer año del acuerdo, se implementará la reducción de ratios en Infantil de 4 y 5 años de 23 a 20 alumnos, en 1º y 2º de Primaria de 25 a 22, y en 2º de la ESO de 27 a 25 alumnos. Asimismo, se aumentará el número de especialistas en Pedagogía Terapéutica y Orientación Educativa, esenciales para la atención de los alumnos con NEAE.
A pesar de estos cambios, la situación es crítica, ya que los recursos no han aumentado al mismo ritmo que el número de estudiantes con necesidades. Crespo ha señalado que “faltan más especialistas y medidas adicionales de reducción de ratios en aulas con varios alumnos con NEAE”, lo que podría limitar la efectividad de las nuevas medidas.
Desafíos y oportunidades en la educación canaria
Otro punto de preocupación es la situación de los auxiliares educativos, quienes son cruciales para la atención de alumnado con necesidades especiales. ANPE ha denunciado que la escasez de este personal y la externalización de servicios están mermando la eficacia en la atención. Crespo advierte que, a pesar de las medidas a medio plazo anunciadas, se requieren acciones urgentes.
Además, ANPE ha propuesto un plan que incluye 90 medidas para avanzar hacia una inclusión efectiva del alumnado, así como programas de apoyo idiomático e integración para estudiantes no hispanohablantes. En este contexto, el sindicato también ha alertado sobre el retraso en la extensión del primer ciclo de infantil (0-3 años) en la enseñanza pública. El curso pasado se alcanzaron 2.237 plazas, 1.500 menos de las previstas en el plan estratégico.
Para el próximo curso, se espera un aumento del 42% en la oferta, con el objetivo de llegar hasta las 3.842 plazas. Sin embargo, la Consejería ha admitido que “la implantación no avanza al ritmo necesario”, mientras ANPE reclama un esfuerzo inversor para responder a la demanda existente. La situación actual y las previsiones del PIB de Canarias, que se estima crecerá un 3,4%, ofrecen una oportunidad para priorizar la educación en los presupuestos y alcanzar el 5% del PIB en inversión educativa, como establece la Ley Canaria de Educación no Universitaria.
Crespo concluye que, si no se toman medidas ahora, “lo lamentaremos cuando la coyuntura sea menos propicia”, subrayando la necesidad de actuar con urgencia para garantizar una educación inclusiva y de calidad en Canarias.
