La Junta de Andalucía ha tomado la decisión de cancelar un total de 11.131 inscripciones en el registro de viviendas turísticas de la comunidad autónoma, una medida que se prevé efectiva hasta septiembre de 2025. El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, defendió en el Parlamento andaluz la gestión de su departamento, resaltando la implementación de «medidas reales, operativas y con resultados concretos». Entre estas acciones se incluye la creación de una unidad policial específica para abordar las irregularidades en este sector.
El registro de viviendas turísticas en Andalucía, que opera desde 2015, actualmente incluye aproximadamente 150.000 viviendas con permisos en regla para recibir visitantes. Sin embargo, el reciente decreto sobre vivienda turística, que entró en vigor en febrero de 2024, ha llevado a una notable reducción en el número de inscripciones. Para mejorar la eficiencia, la Junta ha reforzado el canal de notificaciones ágiles, simplificando así los procesos administrativos.
Nuevas medidas de control y respuesta municipal
Las medidas de control impuestas por la Junta se complementan con las regulaciones establecidas por los diferentes ayuntamientos, lo que repercutirá también en el registro de viviendas. Según Bernal, el objetivo es que «sean los ayuntamientos quienes decidan lo que quieren que sea su ciudad». Esta estrategia implica que los inmuebles considerados ilegales por los consistorios no podrán inscribirse automáticamente en el registro, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, donde bastaba con una declaración responsable.
Pese al orgullo manifestado por Bernal al respecto, la ministra de Fomento y Ordenación del Territorio, Isabel Rodríguez, ha criticado la actuación de la Junta, acusándola de «mirar hacia otro lado». Durante un encuentro en Radio Sevilla, Rodríguez señaló que ciudades como Sevilla, Málaga y Marbella son las que más pisos turísticos ilegales albergan, añadiendo que el Ministerio ha rechazado 17.000 inscripciones en la comunidad.
Colaboración con plataformas digitales
A pesar de la oposición de la Junta a la normativa estatal, el Gobierno andaluz ha decidido establecer nuevas medidas para frenar el crecimiento de alojamientos turísticos ilegales. La Consejería de Turismo está en negociaciones con diversas plataformas digitales que ofrecen este tipo de viviendas, con el objetivo de crear «ofertas regladas». Esta estrategia busca que las plataformas eliminen de su oferta aquellas viviendas que la Junta está retirando de su registro turístico.
Bernal también anunció la firma de un convenio con la Consejería de Presidencia para poner en marcha el grupo Titán de la Policía Nacional. Esta unidad se encargará de intensificar la inspección y la lucha contra actividades ilegales en el sector de las viviendas turísticas, enfocándose en identificar alojamientos no registrados en la base de datos de la Junta. Además, se llevarán a cabo búsquedas en internet para localizar ofertas de servicios turísticos clandestinos, una acción que busca asegurar la legalidad en el sector y proteger los derechos de los propietarios de viviendas legales.
La situación en Andalucía refleja un esfuerzo significativo por parte del Gobierno regional para regularizar el sector turístico y garantizar que los alojamientos cumplan con la normativa vigente, mientras se busca un equilibrio entre el desarrollo turístico y la calidad de vida en las ciudades.
