El Juzgado de lo Penal Número 2 de León ha dictado una sentencia de absolución para los empresarios implicados en el trágico accidente del Pozo Emilio del Valle ocurrido en 2013, en el que fallecieron seis trabajadores. La jueza, que había estado de baja casi tres años, concluyó que no existía responsabilidad penal por parte de los acusados, a pesar de las advertencias sobre los riesgos de seguridad que enfrentaban los empleados.
Este juicio ha sido especialmente doloroso para las familias de las víctimas, que vivieron un prolongado proceso judicial lleno de incertidumbre. La madre de Manuel Moure, uno de los fallecidos, expresó su decepción tras conocer la sentencia: “Estamos muy decepcionados, lo que esta señora ha hecho, tres años de baja… y en una semana [desde que se incorporó] lo ha estudiado todo. No nos convence”.
Detalles de la sentencia y su impacto
La jueza absolvió a todos los acusados de los delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones por imprudencia, así como de la responsabilidad civil indirecta de las aseguradoras. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León solo ha emitido un resumen de la resolución, que se extiende a 505 páginas donde se detallan los pormenores del caso.
Las familias de las víctimas habían esperado que se hiciera justicia y el ministerio público había solicitado penas de hasta tres años y medio de prisión para los dieciséis dirigentes de la empresa, junto con indemnizaciones millonarias. Sin embargo, la absolución ha abierto nuevamente las heridas de un proceso que ya ha durado más de una década.
Contexto del accidente y sus consecuencias
El accidente, que tuvo lugar el 28 de octubre de 2011, en la galería 740 de la mina, fue causado por la explosión de una masa de gas grisú, que resultó en la muerte por asfixia de seis hombres y graves lesiones a otros trabajadores. Los sobrevivientes han declarado que en los días previos al accidente había habido interrupciones en la actividad minera debido a los altos riesgos.
Las familias de los fallecidos, que habían estado manifestándose regularmente ante el juzgado, ahora deben decidir si recurrirán la sentencia. La situación se complica aún más, ya que el próximo 30 de marzo de 2026 se cumplirán tres años desde que el juicio fue dejado visto para sentencia, lo que podría prolongar aún más el sufrimiento de aquellos que buscan justicia por la pérdida de sus seres queridos.
