La reciente negativa del Congreso a aprobar la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales ha llevado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a replantear su estrategia. A pesar del veto anunciado por Junts, su ministerio ha comenzado a diseñar un plan de acción que contempla no solo la repetición del proyecto en el Parlamento, sino también medidas inmediatas que podrían implementarse desde el Ejecutivo.
Según fuentes del Ministerio de Trabajo, la intención de Díaz es llevar nuevamente al Consejo de Ministros el acuerdo alcanzado con los sindicatos en diciembre de 2023 para enviarlo de nuevo al Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo es consciente de que la tramitación parlamentaria será probablemente compleja y se prolongará varios meses. Por ello, también se están estudiando medidas alternativas que no requieren el aval de la Cámara Baja.
Medidas inmediatas y alternativas
Entre las iniciativas que se están valorando, destaca la obligatoriedad del registro horario digital de los trabajadores, que podría implementarse mediante un real decreto. Esta medida permitiría que la Inspección de Trabajo acceda telemáticamente a los horarios laborales, mejorando el control del tiempo de trabajo y evitando posibles abusos. Sin embargo, no se contempla el endurecimiento de sanciones, lo que sí requeriría una reforma legislativa.
Expertos en la materia, como Victoria Miravall de Wolters Kluwer, señalan que la vía del real decreto facilitaría la obligatoriedad de recurrir a sistemas digitales, garantizando la objetividad y fiabilidad del registro horario, aunque las multas seguirían limitadas a su marco actual. A su vez, la titular de Trabajo prevé convocar a la Comisión de Expertos del SMI para analizar la actualización del Salario Mínimo Interprofesional en 2026, con el objetivo de que este umbral se mantenga en torno al 60 % del salario medio.
Reacciones y movilizaciones
La reacción ante el rechazo del Congreso ha generado un fuerte contraste entre sindicatos y patronal. CCOO y UGT han anunciado movilizaciones en Madrid y otras ciudades para presionar a los partidos a tramitar la norma y reducir la jornada laboral, mientras que la CEOE y Cepyme reiteran su rechazo, argumentando que la medida afectaría a la productividad y los costes empresariales.
Desde Ferraz, el PSOE mantiene distancia, subrayando que la iniciativa es liderada por su socio minoritario, Sumar, y enfatizando que cualquier nueva derrota parlamentaria no debería recaer sobre el Ejecutivo principal. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha declarado que la votación del proyecto “no es un punto final, sino un punto y seguido”, sugiriendo que el debate permitirá que cada grupo político quede retratado con su postura.
Por su parte, los responsables de Sumar han señalado que la votación del miércoles servirá para reflejar la posición de los partidos, mientras se canaliza el apoyo social a la reducción de la jornada de cara a una posible segunda presentación del proyecto.
Más allá del proyecto de ley, el Ministerio de Trabajo mantiene abiertas otras prioridades, como la reforma de la indemnización por despido y la actualización del SMI, ambas iniciativas orientadas a mejorar las condiciones laborales. Según fuentes del Ejecutivo, la reducción de la jornada laboral cuenta con el respaldo de una parte significativa de los trabajadores, incluidos votantes de partidos de derecha, aunque PP y Vox siguen oponiéndose.
La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha calificado la propuesta de “debate artificial”, mientras que la del PP, Ester Muñoz, reclama diálogo social y consenso con la patronal. En el corto plazo, el Gobierno también contempla ayudas para pequeñas empresas que puedan tener dificultades para implementar la reducción de la jornada, asegurando que las condiciones laborales se adapten a la realidad tecnológica y productiva actual.
Yolanda Díaz mantiene firme su hoja de ruta, confiando en que, si no se logra a la primera, el proyecto pueda salir adelante en una segunda o tercera vuelta en el Congreso, tal como ha sucedido con iniciativas anteriores impulsadas por su ministerio.
