El 34,5 % de las entidades públicas de Euskadi no cumple con el índice obligatorio de acreditación del euskera, según ha señalado la consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea. Esta cifra fue presentada en un pleno de control del Parlamento Vasco, donde Bengoetxea respondió a una pregunta formulada por la diputada del Partido Popular, Laura Garrido.
Garrido ha calificado la exigencia del euskera en las oposiciones como «desproporcionada», argumentando que esta situación «atenta contra el principio de igualdad» en el acceso a la función pública. En su intervención, Bengoetxea no se pronunció sobre las sentencias que cuestionan esta exigencia en diversas entidades vascas, pero sí subrayó que el incumplimiento de la normativa es alarmante.
Incongruencias entre teoría y práctica
La consejera destacó que existe una notable discrepancia entre la teoría y la práctica, afirmando que más de un tercio de las entidades públicas tienen una acreditación efectiva inferior a lo que la normativa establece. «Esto me preocupa y no veo al PP nada preocupado por ello», concluyó Bengoetxea, enfatizando la necesidad de abordar esta brecha en el cumplimiento del euskera en las administraciones.
La situación plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas lingüísticas en Euskadi y su impacto en el acceso a la función pública, especialmente en un contexto donde la lengua vasca es un componente esencial de la identidad cultural y social de la región.
Reacciones políticas y futuro del euskera
Las declaraciones de Bengoetxea han reavivado el debate sobre la relevancia y la implementación de las políticas lingüísticas en Euskadi. La consejera ha llamado a una reflexión profunda sobre cómo se pueden mejorar los índices de cumplimiento y garantizar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades en el acceso a la administración pública. La presión por parte de los partidos políticos y la sociedad civil podría ser determinante en la evolución de esta cuestión en los próximos meses.
