Los sindicatos de la Comunitat Valenciana han solicitado al síndic de greuges, Ángel Luna, que reclame al Consell la garantía del derecho a la vivienda, un asunto que se ha vuelto crítico en la región. Durante una reunión celebrada recientemente, los máximos representantes de tres organizaciones, entre ellos Juan Antonio Caballero, presidente de la confederación de asociaciones de vecinos, Tino Calero, secretario general de UGT-PV, y Ana García, secretaria general de CCOO PV, expusieron la urgencia de exigir a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda el cumplimiento de la Ley estatal de vivienda.
El objetivo principal de esta reunión fue abordar la necesidad de limitar los precios de los alquileres en las zonas más tensionadas, un paso crucial para hacer efectivo el derecho a la vivienda consagrado en la Constitución Española. Los representantes de los sindicatos han señalado que la situación de la vivienda en la Comunitat Valenciana es extrema, y han exigido al síndic que apoye sus demandas ante la Conselleria.
Requerimientos para abordar la crisis de vivienda
Las organizaciones han presentado una hoja de ruta que incluye un aumento del presupuesto de vivienda de la Generalitat Valenciana (GVA) con el fin de fortalecer las políticas sociales. La propuesta busca garantizar el acceso a la vivienda, proteger a las personas en situación de vulnerabilidad y promover la cohesión social. Para ello, es esencial una mayor inversión en la construcción de viviendas, programas de ayuda al alquiler y atención a emergencias sociales.
Es fundamental que la inversión pública en materia de vivienda se eleve al menos al 2% del PIB autonómico. La continua escalada de los precios de compra y alquiler, especialmente en localidades costeras y grandes ciudades como València, Alicante y Castellón, dificulta el acceso a la vivienda para jóvenes y familias con rentas medias o bajas.
Un enfoque integral y coordinado
Los sindicatos han subrayado que la limitación de los precios del alquiler debe ser una prioridad para cualquier gobierno, con especial énfasis en la implementación de la Ley estatal de vivienda. Esta normativa permite la regulación de precios en zonas con alta demanda, un aspecto que los representantes consideran esencial para mitigar el problema del acceso a la vivienda.
Adicionalmente, la Comunitat Valenciana se ha convertido en la segunda comunidad autónoma con mayor aumento de alquileres turísticos, alcanzando un total de 63.190 unidades, lo que representa un incremento del 19% en el último año. Ante esta situación, las organizaciones han exigido medidas que frenen el crecimiento descontrolado de viviendas destinadas al turismo, que agravan aún más la crisis de accesibilidad.
La preocupación por el elevado número de desahucios sigue siendo una constante, y los sindicatos han instado a Luna a establecer medidas efectivas que eviten que personas en riesgo pierdan su vivienda. En este sentido, UGT-PV, CCOO PV y CAVE-COVA han apelado a la responsabilidad del Gobierno valenciano para ofrecer soluciones a las dificultades acuciantes en el acceso a la vivienda.
En resumen, las tres organizaciones coinciden en que la solución requiere un enfoque integral y coordinado entre todas las administraciones, y que las medidas implementadas deben ser sostenibles a largo plazo para garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.
