Correos ha logrado evitar su disolución y la pérdida de más de 50.000 empleos gracias a un ambicioso rescate financiero, legal y operativo que garantizará su viabilidad hasta 2030. La renovación de la Ley Postal, junto a una inyección multimillonaria de fondos públicos y un firme compromiso de modernización, saca del abismo a la mayor empresa pública no financiera de España y redefine su papel en el nuevo mapa logístico y de servicios del país.
La situación financiera de Correos se había vuelto crítica tras años de números rojos, amenazando así uno de los pilares fundamentales de la cohesión social y económica en España. Con una plantilla de más de 50.000 empleados y 4,7 millones de envíos diarios, Correos es esencial para la comunicación, especialmente en áreas rurales y regiones ultraperiféricas.
Medidas decisivas para la viabilidad
El nuevo paquete de medidas aprobado por las Cortes y el Senado incluye varias iniciativas clave para asegurar la continuidad de la empresa. Entre ellas se encuentra la prórroga de la designación como Operador Postal Universal (SPU) hasta 2030, blindando legalmente su función principal. Además, se asignará una financiación pública estable de 250 millones de euros anuales hasta 2030 para el SPU, y una dotación adicional de 150 millones de euros para servicios de interés económico general, sumando más de 1.400 millones de euros en cinco años.
El acuerdo con sindicatos y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) será fundamental para articular la reestructuración del negocio y de la plantilla, lo que se considera clave para su futuro. Estas medidas buscan revertir las pérdidas crónicas, que acumulan más de 1.150 millones de euros desde 2018, y encaminar a la empresa hacia la rentabilidad a partir de 2026 con un objetivo de margen bruto del 6% en 2028.
Una reorientación estratégica necesaria
La continuidad de Correos como operador de SPU dependía de la actualización de la Ley Postal, que había sido previamente bloqueada por reformas fallidas y conflictos políticos. Solo el entendimiento entre el Gobierno y los principales grupos de oposición permitió finalmente aprobar la llamada «enmienda postal» dentro de una reforma fiscal canaria, desatascando así el rescate. Esta norma reconoce a Correos como empresa estratégica, permitiendo potenciar y retribuir legalmente nuevas actividades, especialmente en el ámbito de los servicios financieros.
Con más de 50.000 empleados fijos, los costes salariales de Correos superaban los 1.600 millones de euros anuales, consumiendo hasta el 85% de sus ingresos totales. Este aspecto insostenible requería una reestructuración profunda que permita rejuvenecer el personal y promover la eficiencia. El plan estratégico firmado en diciembre de 2024 plantea salidas voluntarias para entre 7.000 y 8.000 empleados, especialmente aquellos mayores de 60 años, mediante prejubilaciones y acuerdos pactados.
Además, se prevé una inversión global de hasta 4.000 millones de euros, de los cuales 1.000 millones provendrán de la SEPI específicamente para el «Plan de Personas» y otros 3.000 millones destinados a reestructurar y digitalizar el negocio. Se implementarán nuevas fórmulas de medición del rendimiento laboral y ajustes de movilidad.
La reconversión de Correos también implica abandonar su dependencia del envío de cartas, adentrándose de lleno en los sectores de paquetería, logística moderna y servicios financieros. El objetivo es que, a medio plazo, menos del 50% de los ingresos procedan de la correspondencia tradicional, mientras que la paquetería debe representar al menos el 35% de la facturación, alineándose con los operadores internacionales más avanzados.
En el ámbito digital, Correos deberá acelerar su transición hacia la gestión electrónica de envíos, la logística 4.0 y la conexión con comercios electrónicos, así como la oferta de servicios bancarios básicos en miles de municipios sin sucursal bancaria convencional.
