Las recientes oposiciones para acceder al puesto de administrativo en la Seguridad Social han suscitado controversia tras la publicación de resultados sorprendentes. El pasado 13 de septiembre, alrededor de 23.000 aspirantes se presentaron en toda España, pero los hallazgos en la sede de A Coruña han llevado el asunto a la Fiscalía.
En esta sede, 34 opositores lograron las mejores calificaciones, incluyendo a siete que acertaron todas las preguntas del examen teórico, generando sospechas de fraude. Según las denuncias de otros participantes, varios de los mejores puntuadores compartían vínculos familiares y amistosos. La coincidencia de dos aspirantes con el mismo apellido y calificaciones idénticas ha aumentado las alarmas sobre la transparencia del proceso.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha iniciado una investigación administrativa tras recibir quejas sobre los resultados. La investigación incluye entrevistas y revisión de documentos, y se han constatado hechos que podrían ser constitutivos de delitos. A pesar de las sospechas, el ministerio ha decidido no paralizar la adjudicación de plazas, argumentando que no hay base legal para hacerlo, por lo que se ha publicado el listado definitivo en el Boletín Oficial del Estado.
Aspiran a un cambio en el proceso, como indica A. M. desde Andalucía, quien, tras no obtener plaza, ha contactado con el Defensor del Pueblo para expresar su descontento. Critica la dificultad del examen y la improbabilidad de los resultados en A Coruña, pidiendo que se detenga el proceso hasta que la Fiscalía emita su informe.
Asimismo, María, una opositora madrileña, ha realizado investigaciones propias y señala que muchos de los que lograron excelentes resultados carecían de formación adecuada. Se muestra convencida de que ha existido una trama de fraude, afirmando que el ministerio debería actuar para evitar que se repitan situaciones similares, lo que podría afectar a los destinos de quienes sí lograron la plaza de forma legítima.
La Fiscalía Provincial de A Coruña ha confirmado la apertura de diligencias y la posibilidad de que algunos opositores utilizaran dispositivos electrónicos para recibir respuestas desde el exterior. Se han señalado nombres de personas que presuntamente ofrecieron ayuda para hacer trampas. No obstante, el ministerio defiende que los involucrados en el proceso selectivo actuaron de manera correcta y se han diseñado nuevos protocolos de seguridad para evitar el uso de tecnología fraudulenta en futuras pruebas.
Los opositores han manifestado su impotencia ante la situación. Algunos, a pesar de haber aprobado, se sienten perjudicados por la adjudicación de plazas con sospechas de fraude. Mercedes García, procedente de Sevilla, ha calificado la situación como una «tomadura de pelo brutal», sugiriendo que, en lugar de continuar con el proceso, deberían considerar otras opciones, como recurrir a bolsas de empleo anteriores.
La indignación entre los opositores ha crecido, especialmente desde que se publicaron los resultados segregados por sede, lo que llevó a una escalada de tensiones en los grupos de discusión online. Esta situación ha dejado a muchos opositores sintiéndose frustrados y desmotivados ante el futuro de sus estudios y aspiraciones profesionales.
