La situación de Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero, conocidos colaboradores de Telecinco, se ha convertido en un tema de gran preocupación y debate en España. La pareja está atravesando un verdadero «calvario» debido a la inquilinización, un fenómeno que afecta a numerosos propietarios en el país. Según informes, su inquilino en un piso de Torrelodones dejó de pagar en 2023 y, a pesar de los intentos amistosos para que abandonara la vivienda, sigue residiendo allí sin abonar un solo euro.
El matrimonio había adquirido el inmueble como una inversión y como respaldo económico ante posibles altibajos en sus carreras. Sin embargo, se ha visto obligado a llevar su caso a los tribunales. La buena noticia es que ya tienen una fecha de juicio: el 2 de marzo. Durante un evento reciente en Sevilla, donde acompañaron a Raquel Bollo en la presentación de su nueva colección de moda flamenca, ofrecieron actualizaciones sobre su situación. Aunque muestran un ligero optimismo, la indignación persiste.
Martín Blázquez destacó que la inquilinización es especialmente dolorosa para quienes cumplen con todas sus obligaciones fiscales. «Pago mis impuestos cuando compro la vivienda, pago el IBI, la comunidad, los suministros… y también pago para que el Gobierno destine parte de esos impuestos a vivienda social. No entiendo por qué tenemos que ser los propietarios quienes sostenemos a personas que no son vulnerables», expresó con frustración.
La periodista argumentó que su inquilino no encaja en ningún perfil de vulnerabilidad, señalando que posee un coche superior al suyo y cuenta con varios dispositivos móviles y relojes de marca. «Si no paga es porque es más fácil vivir gratis a costa de los demás», añadió. Esta situación no solo les afecta económicamente, sino también a nivel familiar, ya que necesitan esa casa para su hija y no pueden utilizarla debido a la negativa del inquilino a marcharse.
A pesar de la proximidad del juicio, Martín Blázquez manifestó su incertidumbre: «Espero que salga bien, pero como están las cosas… no sé. Rezaremos para que todo salga bien y que esa persona se busque la vida». Por su parte, Montero reveló que se enteró por la prensa de que el inquilino había afirmado que se marcharía el 1 de mayo, algo que ni siquiera les había comunicado directamente. Además, mencionó una cifra alarmante sobre la deuda acumulada: «Decía que debía 18.000 euros, pero en realidad son más de 24.000. Es una pasta».
El periodista criticó la falta de protección institucional hacia los propietarios: «Somos currantes y es una vergüenza que el Gobierno y las instituciones no protejan un derecho tan básico. Pagamos toda la vida y cuando necesitamos respaldo, no está». Cabe recordar que este no es el primer inquilino problemático para la pareja; otro inquilino anterior estuvo tres años sin pagar y dejó la vivienda en un estado deplorable.
Montero relató: «Tuvimos que contratar una empresa de limpieza con mascarillas. Hay que venderlo ya», mostrando su desesperación por las malas experiencias acumuladas en este tema.
