La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que los propietarios de viviendas en alquiler tienen la obligación de mantener sus inmuebles en condiciones adecuadas para la habitabilidad. Esta normativa, recogida en el artículo 21, señala que deben realizar las reparaciones necesarias sin que esto implique un aumento en el alquiler.
Según la ley, el único caso en que el inquilino podría ser responsable de los gastos de reforma sería si este hubiera causado un deterioro en la vivienda. A pesar de ello, las autoridades subrayan la importancia del papel del arrendador en el mantenimiento del inmueble. A lo largo de los años, se han implementado modificaciones en la normativa con el objetivo de repartir los costes de mantenimiento entre propietarios e inquilinos, priorizando la protección de estos últimos.
En concreto, el artículo 21.1 de la LAU especifica que el arrendador «está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad». Entre las reparaciones que corresponden al propietario se encuentran las averías del sistema eléctrico, el mantenimiento de la fontanería y el desgaste normal que se produce con el tiempo.
Además, la normativa prohíbe a los propietarios elevar el alquiler para cubrir estos gastos de reparación. De este modo, el arrendador no puede justificar un aumento en la renta bajo la premisa de los costos de mantenimiento. Sin embargo, la ley también impone ciertas responsabilidades al inquilino, quien debe notificar cualquier incidencia y permitir el acceso a la vivienda para llevar a cabo las labores de mantenimiento necesarias.
Por otra parte, se estipula que las reparaciones no deben extenderse más de 20 días, salvo en el caso de obras más complejas. En situaciones extremas, donde el inquilino deba abandonar temporalmente la vivienda, el propietario tendrá la obligación de reducir el alquiler durante ese periodo. Con estas disposiciones, el Ministerio de Vivienda busca garantizar un desarrollo adecuado de las obras y minimizar el riesgo de conflictos entre las partes implicadas.
