Las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos han obligado a Europa a repensar su dependencia de los sistemas de pagos digitales estadounidenses. Un caso emblemático es el del juez Nicolas Guillou, quien, tras ser sancionado por su labor en la Corte Penal Internacional, se encuentra desconectado del sistema financiero y sin acceso a métodos de pago habituales como tarjetas de crédito o aplicaciones móviles.
Guillou, al intentar realizar una transacción en una estación de tren en los Países Bajos, se dio cuenta de que la mayoría de las opciones de pago aceptadas eran de empresas estadounidenses o chinas. «Vuelves a la prehistoria», afirmó, reflejando la frustración de muchos en su situación. Su experiencia pone de manifiesto uno de los principales temores del Banco Central Europeo (BCE): la vulnerabilidad de Europa al depender de entidades foráneas para sus transacciones financieras.
El sistema de pagos digital está estructurado de tal forma que cada transacción pasa por múltiples intermediarios. Si alguno de estos intermediarios es estadounidense, la operación puede ser bloqueada, lo que afecta no solo a individuos como Guillou, sino también a empresas y comercios europeos. «Cualquier empresa estadounidense o filial está obligada a aplicar las sanciones», explicó, lo que resulta en un rechazo inmediato de las transacciones.
Con la intención de mitigar esta dependencia, el BCE promueve el proyecto del euro digital. Esta moneda digital pública permitiría a los ciudadanos europeos realizar pagos sin necesidad de intermediarios externos, lo que fortalecería la soberanía en el ámbito financiero. «El Eurosistema reconoce los riesgos de depender excesivamente de proveedores de pagos no europeos», indicaron portavoces del BCE, resaltando el potencial de esta iniciativa para mejorar la competencia y proteger los intereses de los consumidores.
No obstante, el debate sobre la viabilidad del euro digital es intenso. Mientras el sector privado reconoce los peligros de la dependencia de sistemas externos, cuestiona los costos asociados al desarrollo de una nueva infraestructura, ya que existen soluciones europeas como Bizum que están en expansión y modernización constante.
Además, la dificultad de explicar el euro digital al ciudadano común se presenta como un desafío. Muchos no comprenden cómo esta nueva moneda podría ofrecer ventajas frente a las opciones actuales de pago. Sin embargo, para Guillou, la necesidad de un sistema financiero autónomo es urgente. «La soberanía económica y la infraestructura digital deben ir de la mano», concluyó.
El avance del euro digital se vislumbra para 2029, pero mientras tanto, Guillou seguirá enfrentando las dificultades de realizar pagos en un sistema que le excluye.
