Las rentas de alquiler en Cataluña han experimentado un nuevo incremento en el tercer trimestre de 2025, marcando la segunda subida consecutiva a pesar de la regulación de precios vigente. En los 140 municipios catalogados como mercados residenciales tensionados, los nuevos contratos de alquiler han alcanzado niveles previos a la implementación de la normativa en marzo de 2024, según datos del Departamento de Territorio.
Entre julio y septiembre de 2025, el precio medio de los nuevos contratos en Barcelona se situó en 1.153,11 euros, lo que representa un aumento del 1,5% en comparación con el trimestre anterior. En el resto de los municipios con alta demanda, el alquiler promedio ascendió a 894,78 euros, lo que equivale a un incremento del 2,7% frente a tres meses atrás. En total, se firmaron 1.584 contratos de alquiler habitual en Cataluña, destacando que 1.181 de ellos se registraron en áreas de alta demanda.
Sin embargo, la ciudad de Barcelona, a pesar de este leve repunte, mantiene tarifas de alquiler más bajas que antes de la implementación de las limitaciones en los precios. La Generalitat ha comunicado que los precios de alquiler han subido un 5,7% por encima de la inflación en los municipios que no están sujetos a estas restricciones. Esto sugiere que la regulación, aunque presente, no ha logrado frenar de manera efectiva la escalada de precios.
Uno de los factores que podría estar detrás de esta tendencia es la falta de un régimen sancionador que castigue a los propietarios que ignoren la Ley de Vivienda, que obliga a fijar precios basados en un índice de referencia. En el primer año de la regulación, se observó una caída en los precios de alquiler de un 8,9% en Barcelona y un 4,9% en otras áreas reguladas, lo que contrasta con la actual situación de aumento.
El Departamento de Territorio ha defendido la efectividad de la regulación, señalando que ha mantenido los precios en niveles históricos más estables, incluso en los municipios más tensionados. La consellera Sílvia Paneque afirmó que la declaración de zonas de mercados residenciales tensionados ha contribuido a contener los precios, aunque la falta de sanciones plantea un desafío considerable.
En un intento por abordar esta problemática, el Govern de Salvador Illa está desarrollando nuevas medidas, inspiradas en ejemplos de otros países como Holanda, para limitar las compras especulativas y fomentar la construcción de viviendas sociales. Illa ha manifestado que la intervención en el mercado es necesaria para garantizar el acceso a la vivienda, afirmando que «la ley de la oferta por sí sola no garantiza el acceso de los ciudadanos a la vivienda».
Con este panorama, Cataluña se afianza como un laboratorio de políticas para intentar mitigar la crisis del alquiler, que sigue afectando a una gran parte de la población en busca de vivienda asequible.
